El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información sobre actos de intimidación y ataques contra la Sra. Hedme Castro,
Directora Ejecutiva de ACI Participa, organización miembro de la Red
SOS-Tortura de la OMCT. Junto con los otros miembros de ACI Participa,
la Sra. Castro trabaja por la participación y la capacitación de la
ciudadanía en derechos humanos, la promoción del acceso a la justicia y
el fortalecimiento del sistema de justicia, así como la exigencia de
rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales en igualdad
social, gestión de recursos y derechos humanos.
El 12 de febrero de 2024,
aproximadamente a las cinco y media de la tarde mientras Hedme Castro se
encontraba conduciendo en dirección a su casa, después de haber salido
de la oficina de ACI Participa, ubicada en la Ciudad de Tegucigalpa, se
percató que dos individuos en una motocicleta la estaban siguiendo. En
medio del tráfico, uno de estos dos hombres se bajó de la motocicleta, y
aprovechando que el carro de Hedme Castro estaba detenido se detuvo
enfrente de ella y comenzó a tomarle fotografías. A pesar de que Hedme
Castro alertó a las autoridades de tránsito presentes en el lugar y
solicitó su ayuda directa, éstas no le hicieron caso y únicamente le
comentaron que siguiera circulando e ignorará al individuo.
El día siguiente, 13 de febrero de
2024, Hedme Castro se dirigía al Aeropuerto Internacional Palmerola,
noroeste de Tegucigalpa, para llevar a su hija menor. Al momento de
bajar una cuesta que conduce al municipio de Comayagua, perdió el
equilibrio de su automóvil, deteniendo el vehículo gracias al uso del
freno de mano. Inmediatamente después, una persona que presenció el
incidente acompañó a Hedme Castro y su hija a un taller mecánico para
revisar el automóvil. Durante la revisión, se identificó que la llanta
delantera del lado izquierdo estaba dañada porque le habían clavado dos
pernos.
El Observatorio expresa profunda
preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de
Hedme Castro, y subraya que la defensora de derechos humanos se
encuentra sometida a un estado de riesgo continuo por su trabajo legítimo e independiente
desde el golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.
Los ataques, que incrementaron notablemente en los últimos años con la quema de su vivienda en noviembre de 2021, se extendieron también a su núcleo familiar, llegando a amenazar y provocar un atentado contra su hija en diciembre de 2021. Asimismo, en julio de 2022, la oficina de ACI Participa en Tegucigalpa sufrió un intento de allanamiento sin orden judicial
con confiscación de información de expedientes y material de video de
las cámaras de vigilancia de la organización por parte de la Dirección
Policial de Investigación (DPI) de la Policía Nacional de Honduras. En
septiembre de 2022, un individuo desconocido siguió y tomó fotografías o vídeos a Hedme Castro y su hija en un centro comercial en Tegucigalpa, y durante el mismo mes, Hedme Castro recibió mensajes intimidatorios,
incluidas amenazas, en sus redes sociales de cuentas privadas no
identificadas. El 23 de enero 2024, el responsable del servidor de
almacenamiento de la información de ACI Participa envió una alerta ya
que hubo intento de hackear la información de la organización,
por lo que fue cerrada por tres días. Ninguno de estos hechos ha sido
debidamente investigado.
El Observatorio recuerda que el 6 de marzo de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Hedme Castro y su núcleo familiar mediante la emisión de la Resolución 11/2023,
al considerar que tanto la defensora de derechos humanos como su
familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo
de daño irreparable a sus derechos en Honduras. Sin embargo, a casi un
año de que la CIDH otorgará estas medidas, el Estado de Honduras no ha
implementado adecuadamente ninguna de las medidas otorgadas.
De igual manera, Hedme Castro es
beneficiaría del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia de Honduras
desde 2019. No obstante, desde entonces el Estado ha cometido
negligencias reiteradas en la implementación de las medidas de
protección, y ha omitido su deber de investigar de manera independiente e
imparcial cada uno de los ataques perpetrados en contra de la
defensora. La falta de rendición de cuentas, así como los fallos en la
adopción de las medidas de protección a favor de Hedme Castro han
generado una situación de mayor vulnerabilidad tanto para ella como para
su familia, abriendo así las puertas a nuevos actos de violencia.
El Observatorio también recuerda que Honduras atraviesa una grave crisis institucional con respecto a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, la cual se ha agravado desde enero de 2024
con las múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos al
interior de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que la ha mantenido
inoperante durante casi un mes, y teniendo por lo tanto, impacto directo
en el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Defensores de
Derechos Humanos. El 7 de noviembre de 2023, organizaciones y personas
defensoras, denunciaban las grandes deficiencias del Mecanismo de
Protección en audiencia pública ante la CIDH.
El Observatorio hace un llamado a
las autoridades de Honduras, particularmente del Mecanismo de Protección
a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y
Operadores de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos a tomar de
manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad e
integridad física y psicológica de Hedme Castro y su familia. Asimismo,
exhorta a las autoridades hondureñas a investigar de manera inmediata e
independiente las amenazas e intimidaciones arriba mencionadas, así como
a tomar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio del
derecho a defender derechos humanos en Honduras.
El Observatorio urge a las
autoridades del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos
y a la Secretaría de Derechos Humanos, a dar cumplimiento inmediato y
efectivo, y en concertación con las personas beneficiarias, a las
medidas cautelares de la CIDH otorgadas a Hedme Castro y a su núcleo
familiar.
El Observatorio reitera su llamado a
las autoridades de Honduras a implementar una política pública integral
de protección a las personas defensoras de derechos humanos, así como a
dotar de los recursos humanos y materiales necesarios al Mecanismo de
Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y
Operadores de Justicia, con el fin de garantizar su efectivo
funcionamiento.
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