El jueves 14 de diciembre, en medio de una crisis política y social, sin consulta previa, por insistencia y en pocas horas, el Congreso del Perú aprobó modificaciones en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones. Estas modificaciones fueron rechazadas por comunidades nativas, federaciones, organizaciones regionales, organismos ambientales y distintos especialistas.
Las principales razones por las que se oponen son:
Podría impulsar la deforestación a gran escala de la Amazonía peruana, poniendo en riesgo la diversidad biológica, vulnerando los derechos colectivos de pueblos indígenas y amenazando la vida de los defensores y defensoras ambientales.
Se eliminarían los estudios técnicos que clasifican las tierras forestales, permitiendo que áreas deforestadas sean legalizadas para actividades agropecuarias, favoreciendo a quienes llevaron a cabo la deforestación.
Se vulnera el artículo 3 de la Ley N° 31145 que prohíbe otorgar títulos de propiedad en tierras de aptitud forestal o de protección.
Esta reforma se dio omitiendo el derecho de los pueblos indígenas y originarios a la consulta previa.
Las modificaciones dejan al país en una posición de incumplimiento de los compromisos ambientales suscritos como el Acuerdo de París.
Ante esto, varios han apuntado a una serie de inconsistencias detrás de estos cambios. Dos congresistas realizaron pedidos de reconsideración para que sean vistos en el pleno antes de oficializar la norma; sin embargo, esto no se dio y el 11 de enero, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ordenó su publicación para cambiar los artículos de la Ley Forestal. Incluso, en la plataforma del Congreso no volvieron a figurar estas reconsideraciones.
Por último, se dio a conocer que gremios y asociaciones empresariales habrían tenido particular interés en estas modificaciones de la Ley Forestal. Entre ellas, se encuentran la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Junta Nacional del Café, quienes pidieron la aprobación de la norma a través de un comunicado público.
Por este motivo se ha cuestionado el actuar del Gobierno y la priorización de los intereses privados por sobre la protección de biodiversidad y derechos de comunidades indígenas y originarias. Más aún por la necesidad de seguir protegiendo la Amazonía peruana, que para el 2020 había alcanzado la cifra de deforestación más alta en los últimos 20 años, perdiendo 203 mil hectáreas de bosques.
|