Las organizaciones firmantes, entre ellas el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, condenan la detención de la abogada de derechos humanos Claudia González Orellana, que tuvo lugar en Ciudad de Guatemala el 28 de agosto de 2023.
5 de septiembre 2023.
El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), Lawyers for Lawyers, y las organizaciones abajo firmantes condenan la detención de la
abogada de derechos humanos Claudia González Orellana, que tuvo
lugar en la Ciudad de Guatemala el 28 de agosto de 2023.
Claudia
González Orellana fue mandataria de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comprometida con la lucha
contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos y
corrupción. Debido a este trabajo, ha sido objeto de acoso a través
de las redes sociales y de amenazas verbales que indican que ella
misma podría ser procesada penalmente. Ha enfrentado múltiples
casos de acoso judicial, el último de los cuales fue un caso falso
en el que se le acusó de falsificar la firma del principal fiscal
anticorrupción del país.
A
pesar de esta situación, Claudia actualmente utiliza sus más de 20
años de experiencia para seguir trabajando en la defensa de los
derechos humanos en Guatemala, ya que es asesora legal de 9 ex
compañeros de la CICIG y otros exfiscales. En reconocimiento a su
trabajo y dedicación fue galardonada con el premio Lawyers for
Lawyers 2023.
La
mañana del 28 de agosto de 2023, la abogada Claudia González fue
detenida, acusada del delito de abuso de autoridad. La detención se
produjo tras un registro en su domicilio ordenado por el Ministerio
Fiscal, en el marco de las supuestas diligencias de investigación
abiertas contra ella. Sin embargo, antes de su detención, Claudia
acudió en repetidas ocasiones a la fiscalía para solicitar
información sobre las posibles diligencias abiertas contra ella, sin
resultado. Tuvimos conocimiento de que otros ex trabajadores de la
CICIG y de la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad en
Guatemala) también enfrentaban órdenes de captura en esa fecha. La
orden de captura de Claudia fue firmada por Jimi Rodolfo Bremer
Ramírez
, juez Décimo Pluripersonal de Primera Instancia penal. Según los
informes, Claudia se encuentra actualmente en régimen de aislamiento
durante su detención preventiva. El 6 de septiembre tendrá lugar la
primera audiencia de su caso, a pesar de que la ley guatemalteca
exige que tenga lugar en las 24 horas siguientes a la detención.
Según
Claudia González, esta detención está motivada únicamente por su
trabajo como abogada defensora de Juan Francisco Sandoval, Virginia
Laparra, Paola Escobar, Carlos Vides, Eva Siomara Sosa y otros, todos
ellos ex miembros de la CICIG o de la FECI. El proceso penal contra
Claudia representa un claro intento de represalia por su trabajo en
la CICIG y por su intento de buscar justicia para aquellos que están
siendo injustamente criminalizados en su profesión. La detención de
Claudia deja a sus clientes desprotegidos en sus procesos legales.
Los
abogados juegan un papel vital en la defensa del Estado de derecho y
en la protección de los derechos humanos, y su trabajo es
indispensable para la confianza pública en la administración de
justicia y para asegurar el acceso a la justicia para todos.
Las
organizaciones abajo firmantes desean llamar su atención sobre los
Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los
Abogados, en particular sobre el artículo 16, que establece lo
siguiente
“16.
Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar
todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos,
acosos o interferencias indebidas; (…) y c) no
sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones
administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier
medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas
y normas éticas que se reconocen a su profesión”.
Las
organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por
la falta de independencia judicial en la actuación del Ministerio
Público y del magistrado a cargo del caso contra la abogada Claudia
González. En particular, nos preocupa la falta de motivación para
llevar a cabo el allanamiento de su domicilio y su detención.
Las
organizaciones firmantes estamos preocupadas por los altos riesgos
que enfrenta la abogacía de derechos humanos en Guatemala. Esta
privación de libertad, sumada a las amenazas y a los hostigamientos
previos derivados de su trabajo, resulta en una secuencia escalonada
de incidentes, generando una violación a su integridad física,
emocional y psicológica.
Por
lo anterior, las organizaciones abajo firmantes instan a las
autoridades guatemaltecas a:
1.
Liberar inmediata e incondicionalmente a la abogada Claudia González.
2.
Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos al
debido proceso, a la defensa legal y al acceso a la justicia en el
caso de Claudia González.
3.
Garantizar que todos los abogados de Guatemala puedan llevar a cabo
sus actividades profesionales legítimas sin temor a represalias y
libres de toda restricción indebida, incluido el acoso judicial, la
detención arbitraria, la privación de libertad u otras sanciones
arbitrarias.
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