Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales, incluido el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (OMCT-FIDH),
exigen a las autoridades hondureñas respetar la decisión del Pueblo de
Tocoa de decir NO a la termoeléctrica de coque de petróleo y al
megaproyecto minero de Emco, entre otras exigencias
El
sábado 9 de diciembre de 2023, el pueblo de Tocoa fue convocado por la
Corporación Municipal a participar en un cabildo abierto sobre el
proyecto termoeléctrico de coque de petróleo de Ecotek, uno de los siete
componentes de un megaproyecto de óxido de hierro impulsado por el
consorcio "Emco Holdings" de Ana Facusse y Lenir Perez.
Más
de 2000 personas se presentaron temprano en el Instituto Froylan
Turcios para asegurar que su voz fuera escuchada, a pesar de una campaña
de estigmatización contra las personas defensoras de derechos humanos
del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de
Tocoa en el período previo al cabildo, con la intención de provocar
miedo en la población.
Durante
la asamblea cívica, hubo una fuerte presencia policial, así como de
representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos para Honduras, del
Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol de
organizaciones nacionales e internacionales, así como también
organizaciones de observación internacional de derechos humanos.
El
personal municipal trató de impedir que los votantes entraran en el
Instituto y, al ver el gran número de personas que habían llegado para
votar en contra del proyecto, el alcalde Adán Funes se negó a entrar en
el Instituto para celebrar el cabildo abierto. Como resultado, el pueblo
autoconvocó una asamblea popular, en la que estuvieron presentes los
concejales municipales, y votó en contra de la termoeléctrica de coque
de petróleo y del megaproyecto de Emco. La
decisión popular reafirma el resultado del cabildo abierto realizado en
noviembre de 2019 en Tocoa que rechazó rotundamente el proyecto minero.
El proceso fue supervisado por regidores municipales y el acta fue
notariada.
Nos
preocupa que el proyecto energético de Emco haya sido promovido por
autoridades locales como estatales como una forma de aliviar el problema
eléctrico en Tocoa, a pesar de que, según la misma evaluación del
impacto ambiental de la empresa Ecotek presentada a Secretaría de
Recursos Naturales – SERNA/MiAmbiente, la mayor parte de la electricidad generada está destinada al
funcionamiento de la planta de la empresa para peletizar el óxido de
hierro que extrae del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Celebramos
la posición del Estado de Honduras en la COP28 en defensa de los
bosques y la generación de energía limpia, pero nos preocupan
profundamente los esfuerzos por producir energía a través de la quema de
coque de petróleo altamente contaminante para la salud y el medio
ambiente, especialmente porque según el dictamen de Centro de Estudios y
Control de Contaminantes (CESCO) de la SERNA con fecha de 23 de abril
de 2023, la quema de coque de petróleo no está regulada en Honduras.
Por
más de siete años, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes
y Públicos de Tocoa ha denunciado públicamente, y a través de las
Autoridades Hondureñas correspondientes, las ilegalidades, violaciones a
los derechos humanos y contaminación ambiental relacionadas con el
megaproyecto de Emco.
Estas
denuncias no han dado lugar a ninguna acción significativa por parte de
las autoridades correspondientes, a pesar de que el CMDBCPT ha
presentado pruebas claras y fundadas tras una meticulosa revisión de los
expedientes de la empresa y documentos del Estado, que respaldan sus
denuncias.
Las
y los miembros de la CMDBCPT han sido víctimas de detenciones
arbitrarias, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y campañas
de desprestigio con el objetivo de silenciar su digna lucha por la vida y
la protección de los bosques y ríos del Parque Nacional Montaña de
Botaderos “Carlos Escaleras”.
Desde
octubre de 2023, las y los miembros del Comité Municipal y sus equipos
jurídicos son beneficiarios de medidas cautelares de protección de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al riesgo
inminente que corren.
Ante
la decisión tomada por el pueblo de Tocoa, y respaldando la lucha del
Comité Municipal por justicia y rendición de cuentas, exigimos:
- Que la decisión del Pueblo de Tocoa expresada válidamente el 9
de diciembre de 2023 a través de una asamblea popular, sea respetada e
implementada inmediatamente por todos los niveles del gobierno
hondureño.
- La cancelación inmediata e incondicional del
megaproyecto de Emco Holdings, incluyendo las concesiones mineras ASP y
ASP2 de Inversiones Los Pinares; la planta termoeléctrica de coque de
petróleo y la concesión de la planta de peletización de Ecotek; las
concesiones para el uso de agua de los ríos Guapinol, San Pedro y la
quebrada La Ceibita.
- La protección inmediata e integral de las y
los miembros del Comité Municipal, sus equipos jurídicos y sus familias
a través de medidas adoptadas por el Estado en consenso con las
personas defensoras.
- La investigación de las denuncias penales y
administrativas interpuestas por el Comité Municipal para llegar al
juzgamiento y sanción de los responsables de las ilegalidades
relacionadas con el proyecto extractivo y de las amenazas y campañas de
estigmatización contra personas defensoras del Comité Municipal.
- La
investigación independiente, enjuiciamiento y sanción delos
responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Jairo
Bonilla, Aly Domínguez y Oqueli Domínguez.
- La reparación de los
daños, tanto a las personas víctimas de la persecución de la empresa
Emco y el Estado de Honduras, como también a la zona núcleo del Parque
Nacional Carlos Escaleras.
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