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Ginebra-Bruselas-Ciudad
de Guatemala-París, 14 de septiembre de 2023. Por una amplía mayoría, el
Parlamento Europeo adoptó el día de hoy una resolución sobre la
situación política y de derechos humanos en Guatemala. La resolución se
suma a una larga lista de pronunciamientos en los últimos años por parte
de mecanismos e instituciones internacionales que evidencian la grave
crisis de derechos humanos que atraviesa el país, particularmente la
independencia del sistema judicial, denunció el Observatorio (OMCT-FIDH)
y la UDEFEGUA.
Reunido en sesión plenaria en Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo aprobó el día de hoy por una amplia mayoría una Resolución
en la que se pronuncia sobre la situación del país en materia de Estado
de Derecho; democracia; independencia judicial; pluralismo político y
libertad de expresión. Nuestras organizaciones aplauden esta Resolución y
celebran que sea considerada como un reflejo de las demandas y
posiciones que las organizaciones de derechos humanos guatemaltecas e
internacionales hemos venido expresando.
En su Resolución, el Parlamento
reconoció los resultados que el 28 de agosto del 2023 el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) anunció, dando como ganadores de las elecciones a
Bernardo Arévalo y Karin Herrera del Movimiento Semilla, como Presidente y Vicepresidenta electos; así mismo; señaló las
irregularidades y la violencia electoral y política a la que ha sido
objeto, particularmente, por la intervención de miembros del poder
judicial y de la fiscalía general en el proceso electoral; señalando
entre ellos a la fiscal general María Consuelo Porras, José Rafael
Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del
Ministerio Público, y el juez Fredy Orellana.
Además, mostró su preocupación por
la continua detención de fiscales, jueces, periodistas independientes,
defensores de derechos humanos y ex funcionarios de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), haciendo un
llamado por la liberación inmediata de la ex fiscal contra la impunidad Virginidad Laparra condenada a cuatro años de prisión el pasado 16 de diciembre de 2022; así como de su abogada Claudia González
que se encuentra injustamente detenida desde el 28 de agosto de 2023 en
espera de conocer la decisión del juez sobre la vinculatoriedad de su
caso, el próximo martes 19 de septiembre.
El Parlamento había denunciado previamente
el deterioro del espacio cívico y las amenazas que estaban viviendo
personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad
civil y otros funcionarios y exfuncionarios independientes, denunciando
la tendencia de un aumento de la violencia en su contra.
Esta Resolución se suma a otros
posicionamientos que se han adoptado en instancias internacionales en
los últimos años, incluyendo mecanismos, expertos independientes y
órganos de la Organización de las Naciones Unidas, del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y de otros actores de la comunidad
internacional, que vuelven a hacer hincapié en el debilitamiento
institucional y del Estado de derecho en Guatemala, así como la crisis
de derechos humanos, particularmente la violación del derecho a la
libertad de expresión, de asociación, del acceso a la justicia y el
derecho a defender derechos humanos en el país.
Por lo anterior, el Observatorio y
la UDEFEGUA, valoran positivamente esta nueva Resolución del Parlamento
Europeo en el caso de Guatemala, e instan a las autoridades
guatemaltecas a:
- Detener la política de persecución y criminalización contra
fiscales, jueces, periodistas independientes, defensores de derechos
humanos, ex funcionarios de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) y organizaciones de derechos humanos.
- Liberar
de manera inmediata a Virginia Laparra y a la abogada Claudia González,
adoptando de manera inmediata las medidas más apropiadas para
garantizar su integridad física y psicológica.
- Poner fin a todo
tipo de amenazas, ataques y actos de hostigamiento y criminalización, y
asegurar garantías para quienes trabajan para poner fin a la corrupción y
la impunidad y defienden los derechos humanos en Guatemala.
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