El Observatorio ha recibido con
preocupación información sobre el deterioro del estado de salud de la
defensora de derechos humanos Kenia Hernández, así como
del de alrededor de 700 u 800 reclusas detenidas junto con la Sra.
Hernández en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 16,
un penal de máxima seguridad ubicado en el municipio de Coatlán, en el
estado de Morelos.
Kenia Hernández es una mujer indígena amuzga, abogada y defensora de los derechos de las mujeres, de la tierra y de los pueblos indígenas.
En sus roles como coordinadora del “Colectivo Libertario Zapata Vive”,
co-fundadora y miembro del “Movimiento por la Libertad de los Presos
Políticos del estado de Guerrero” (MOLPEG), la Sra. Kenia Hernández
acompaña a sobrevivientes de violencia machista y a familiares de
víctimas de feminicidio, defiende los derechos de las personas
injustamente recluidas y las afectadas por las actividades de empresas
extractivas multinacionales en el territorio mexicano. Por su trabajo en
defensa de los derechos humanos, se encuentra privada de libertad
desde el 18 de octubre de 2020 y enfrenta nueve causas penales, cinco de
ámbito federal y dos del fuero común, en el Estado de México. Hasta la
fecha ha sido condenada en dos de los casos, a 11 años y 3 meses, y a 9
años y 2 meses de cárcel, respectivamente.
El 3 de octubre de 2022, a través de
una llamada telefónica desde el CEFERESO No. 16, Kenia Hernández
informó a sus representantes legales sobre la emergencia sanitaria que
se está viviendo dentro del penal de máxima seguridad desde finales de
septiembre de 2022. De acuerdo con la defensora de derechos humanos,
entre 700 y 800 mujeres detenidas se encuentran en un deteriorado estado
de salud, presentando síntomas que incluyen fuertes dolores de
estómago, vómitos, diarrea, fiebre, mareos y dolor muscular. Por su
parte, la Sra. Hernández reportó sufrir mareos, 39 grados de fiebre y
dolor extremo de cabeza y estómago.
De acuerdo con las informaciones que
compartió la Sra. Hernández con sus representantes legales, las
autoridades penitenciarias y el servicio médico del CEFERESO No. 16
habrían aportado medicación sólo a 200 mujeres detenidas y el resto de
las afectadas se encontrarían a la espera de una brigada de salud
externa que pudiera atenderlas. Asimismo, ante la falta de personal
médico en el penal, que contaría sólo con una médica, oficiales
penitenciarios, comandantes y dentistas habrían asumido trabajo de
enfermería para atender a las mujeres detenidas.
En el momento de publicación de este
Llamado Urgente, se desconocen las causas de la emergencia sanitaria en
el CEFERESO No. 16. Hasta la fecha, las autoridades de Morelos, así
como las autoridades federales mexicanas no han hecho ningún comunicado
público sobre la situación.
El Observatorio expresa grave
preocupación por el estado de salud de Kenia Hernández, así como del
conjunto de mujeres presas en el CEFERESO No. 16, e insta a las
autoridades penitenciarias, a las autoridades de Morelos y a las
autoridades federales mexicanas a adoptar de manera inmediata las
medidas necesarias para garantizar su integridad física y bienestar
psicológico, brindando atención médica adecuada sin dilaciones.
Particularmente, el Observatorio insta a las autoridades competentes a
proteger de manera adecuada a aquellas mujeres detenidas que corren
mayor riesgo de enfermarse gravemente en el CEFERESO No. 16 por sufrir
patologías o afecciones previas.
Asimismo, de acuerdo con las recomendaciones de la Nota Informativa de la OMCT “Romper el Muro del Silencio”,
las autoridades deben facilitar el acceso a la información tanto a las
mujeres detenidas, incluyendo a Kenia Hernández, como a sus familiares y
representantes legales, sobre todo aquella información relativa a las
medidas adoptadas y los recursos médicos disponibles para atender a las
reclusas; y a los procesos de reclamación y procedimientos relacionados
con la protección de sus derechos y para el acceso a permisos y
liberaciones anticipadas o temporales. Finalmente, el Observatorio insta
a las autoridades competentes a garantizar la comunicación regular
entre las mujeres detenidas, incluyendo a Kenia Hernández, y sus
familiares y representantes legales.
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