El fracking es una técnica para la obtención de gas o petróleo mediante la inyección de agua y otros químicos a presión. También se le conoce como fracturación hidráulica por la importancia de este elemento en el proceso. Se estima que un solo pozo requiere entre 9 y 29 mil metros cúbicos de agua que equivalen a entre dos y siete albercas olímpicas. Estas características han generado una serie de cuestionamientos.
En México ya existen comunidades donde se permite el fracking, principalmente en regiones como la Sierra Norte de Puebla, pero los impactos al ambiente y a la salud han generado el surgimiento de movilizaciones para detener esta práctica.
Al comienzo de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a detener la extracción mediante esta técnica, pero actualmente hay 8 iniciativas de ley, propuestas desde distintas bancadas, que no se han dictaminado. Esto no permite un sustento legal para la prohibición, a pesar de que el presidente lo ha presumido como uno de sus logros.
Incluso, la Alianza Mexicana contra el Fracking, formada por más de 40 colectivos del país, documentó cómo en el presupuesto federal, desde 2018 hasta la asignación para 2024, se han destinado más de 60 millones de pesos (3,560,957 USD) a proyectos que implican fracking. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) también reporta en informes oficiales que durante este sexenio se perforaron pozos.
"Si no haces un cambio legal, los organismos obligados en el país que tienen que ver con la materia no tienen ningún instrumento para no permitirlo. Si Petróleos Mexicanos (Pemex) mete un plan de trabajo que involucra el uso de fracking, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene elementos para negar ese plan de trabajo porque no hay un sustento legal que diga que esto ya no se vale”, explica Claudia Campero, geógrafa e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
¿Qué opciones quedan para la prohibición en medio de este panorama? Te invito a conocer más en este reportaje.
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