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30 de octubre de 2023- El
Espacio OSC y las organizaciones internacionales abajo firmantes,
incluido el Observatorio para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos (OMCT-FIDH), nos pronunciamos sobre la necesidad de seguir avanzando en el cumplimiento de las recomendaciones de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México
(ONUDH), para el fortalecimiento del Mecanismo Federal de Protección
para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El día 25 de octubre del año en curso, durante la sesión Nº 125 de la
Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección para personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, se presentó en las
instalaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el informe anual
del Grupo de Trabajo para el fortalecimiento del Mecanismo.
El Grupo de Trabajo es una iniciativa impulsada por la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México (ONUDH), para dar
seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en el diagnóstico para el fortalecimiento del Mecanismo Federal de Protección realizado en 2019 por ONUDH,
a petición de la propia SEGOB. El Grupo de Trabajo está integrado por
las instituciones que participan en la Junta de Gobierno del Mecanismo
(SEGOB, FGR, SSPC, SRE, CNDH), así como el Consejo Consultivo, las 14
organizaciones que componen el Espacio de Organizaciones de la Sociedad
Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas (Espacio OSC), PDP (proyecto de USAID), y la ONUDH.
Las organizaciones que conformamos el Espacio OSC reconocemos la
labor realizada por el Grupo de Trabajo para aperturar el diálogo entre
las distintas instituciones y organizaciones de derechos humanos y
buscar encauzar soluciones conjuntas y respuestas efectivas a los
múltiples problemáticas y retos, siendo considerada esta práctica por
personas y organizaciones expertas como una iniciativa única en la
región.
A un año de conformado el Grupo de Trabajo, de las 104
recomendaciones y 127 sub-recomendaciones que cuenta el diagnóstico, se
han priorizado 75 recomendaciones y para 50 de ellas, el Grupo adoptó
las rutas y responsables para su implementación. A la fecha se han
cumplido plenamente 14 recomendaciones, que corresponden al 19% del
total de recomendaciones priorizadas. Asimismo, otras ocho
recomendaciones (equivalentes al 11%) cuentan con avances
significativos, mientras 28 están iniciando (37,3%) y 25 están
pendientes de iniciar (33.3%).
Entre las recomendaciones que han tenido avances se encuentran: la
asignación de recursos humanos y materiales para la operación del
Mecanismo; un encuentro anual entre el Mecanismo y las autoridades
estatales; acciones de capacitación a otras instancias de gobierno; la
creación de un rol de Dirección General del Mecanismo que ha permitido
mayor coordinación interna y la realización de reuniones periódicas; la
creación de un sub-grupo de género liderado por la CNDH, y, por último,
el fortalecimiento de la información pública del Mecanismo.
Aunque estos son avances necesarios, el contexto general en el país
continúa siendo preocupante debido a la violencia contra personas
defensoras de derechos humanos y periodistas. Lo anterior derivado por
la persistencia en las agresiones físicas, amenazas, campañas de
desprestigio, desplazamiento y desaparición forzada de la que han sido
víctimas. A esto se suma la tendencia al debilitamiento de las
instituciones encargadas de derechos humanos, el cierre del espacio
cívico hacia personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil y
la falta de conocimiento técnico y en derechos humanos por varias
instancias de gobierno.
Es por esto, que desde el Espacio OSC ratificamos nuestra asesoría y
participación en el Grupo de Trabajo, y hacemos un llamado a las
instancias de gobierno a mantener el espacio y a cumplir con las
recomendaciones, en particular, las de carácter técnico y estructural al
interior del Mecanismo. Es fundamental que las acciones puedan
trascender a los planes de protección y que propicien un entorno seguro
para la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas,
las cuales requieren de la voluntad y debida coordinación
interinstitucional de la Junta de Gobierno y las entidades federativas.
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