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El Observatorio ha recibido información sobre la detención arbitraria del Sr. Juan Pichún,
un líder espiritual Mapuche (lonko) de la comunidad indígena de
Temulemu, en Araucanía, Chile, reconocido defensor del derecho a la
tierra para su comunidad Mapuche. Juan Pichún es uno de los hijos del
lonko Pascual Pichún, condenado injustamente bajo la ley antiterrorista y luego absuelto tras una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 26 de junio de 2025, Juan Pichún regresaba a su hogar después de
celebrar la ceremonia We tripantu – la celebración del año nuevo
mapuche, que se realiza en el solsticio de invierno austral – en la
comunidad de Pantano, cercana a su comunidad de Temulemu, cuando agentes
de la Policía de Investigación (PDI) lo detuvieron, en frente de su
familia, incluyendo su hijo y sobrina, ambos menores de edad. Los
policías actuaron en virtud de una orden de detención emitida por el
Juzgado de Garantía de Purén. Durante el acto de detención, policías
intentaron romper el vidrio del vehículo con sus armas, lo cual causó
estrés a la familia.
Luego de su detención, Juan Pichún fue trasladado a una comisaría
para la respectiva audiencia de detención e investigación formal en un
caso en el que también está siendo investigado su hermano, Rafael
Pichún, también líder espiritual (werken) de la comunidad de Temulemu.
El 27 de junio de 2025, un día después de su detención, el Juzgado de
Letras y Garantía de Purén ordenó prisión preventiva para Juan Pichún,
acusándolo, sin pruebas suficientes, de ser el autor intelectual de dos
atentados incendiarios que ocurrieron en el 2021 en diferentes
localidades de la Araucanía. El Juzgado justificó la prisión preventiva
de Juan Pichún sobre la base del artículo 140 del Código procesal penal chileno,
pese a que su prisión preventiva no es indispensable para el éxito de
las diligencias precisas ni existe peligro de que se dé a la fuga, como
lo requiere el código, dado que no existió en ningún momento un indicio
de que fuera a evadir la justicia y, como se detalla más abajo, él
mismo interpuso un recurso de amparo para entender de qué se le estaba
investigando, en diciembre de 2024.
El 25 de junio de 2025, un día antes de su detención, Juan Pichún
intervino en nombre de la FIDH en la 59ª sesión del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (UNTV, timestamp 01:52:10), en un diálogo interactivo con la Relatora Especial
sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret
Satterthwaite, después de que ésta presentara un informe sobre su visita a Chile
donde, entre otras cosas, expresó preocupación por el acceso a la
justicia de pueblos indígenas e instó al Estado de Chile a que defienda
los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas. Dada la
proximidad entre su detención y su participación en el Consejo, el
Observatorio teme que su detención se haya producido como represalia por
su participación.
Desde el 26 de noviembre de 2024, existe una orden de detención
abierta contra Juan Pichún, de la que sólo tuvo conocimiento tras
presentar un recurso de amparo, después de que se viera a policías
preguntando por él en su comunidad indígena de Temulemu en diciembre de
2024. Esta orden de detención fue emitida confidencialmente por la
Fiscalía, y el Sr. Pichún nunca fue notificado formalmente al respecto,
ni llamado a comparecer ante un tribunal de justicia. Al tratarse de una
orden de detención «secreta», y al no haber sido notificado, no pudo
impugnarla directamente.
El Observatorio recuerda que la detención de una autoridad ancestral,
espiritual, como Juan Pichún, vulnera los estándares internacionales de
derechos humanos que exigen a los estados garantizar el respeto de
líderes indígenas y evitar medidas de privación de libertad cuando
existan otras alternativas. En efecto, el Relator Especial de Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha sostenido en
varios informes (A/HRC/39/17 (2018)) que “los estados deben evitar la
detención arbitraria de autoridades tradicionales indígenas,
especialmente cuando existen alternativas a la privación de libertad. Su
detención puede constituir una forma de criminalización de sus
funciones tradicionales,” un principio también ratificado por el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Norín Catrimán y otros vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014.
En este caso, la justicia chilena podría perfectamente seguir su
investigación sin tener a Juan Pichún y a su hermano en prisión hasta la
fecha de un eventual juicio.
El Observatorio condena enérgicamente la detención arbitraria del Sr.
Juan Pichún, que podría ser una represalia por su labor de defensa de
los derechos indígenas en Chile y por su colaboración con un órgano de
derechos humanos de las Naciones Unidas.
El Observatorio exige a las autoridades chilenas liberar de manera
inmediata e incondicional al Sr. Juan Pichún y a todas las personas
defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Chile, y
respetar en todas circunstancias el derecho a la tierra de las
comunidades indígenas así como la posibilidad de considerar medidas
alternativas a la prisión preventiva para los líderes espirituales
indígenas.
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