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En Chile, una norma emitida por la Comisión Nacional de Energía en 2016 permite que la electricidad generada con gas natural licuado (GNL) regasificado, un combustible fósil, ingrese al sistema eléctrico nacional antes que la proveniente de fuentes renovables.
Esta priorización resulta de la condición de gas “inflexible”, establecida en la norma y aplicable a las empresas generadoras de electricidad con GNL bajo la lógica de que estas enfrentan el riesgo de perder el suministro de energía al sistema nacional cuando los barcos que transportan el combustible, en estado líquido, a una terminal de regasificación no pueden descargarlo por falta de almacenamiento y cuando se han agotado las opciones para retrasar o cancelar su llegada al puerto.
Aunque la norma fue modificada en 2019 y en 2021, los cambios se enfocaron en el proceso y/o requisitos para que las empresas que usan GNL habiliten su suministro como “inflexible”. En 2019, más de la mitad del GNL usado en los ciclos combinados fue declarado inflexible.
La regulación es hoy el centro de dos litigios. En el primero, dos empresas generadoras de energía hidroeléctrica demandaron a la CNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia argumentando que, en el corto plazo, la norma otorga un poder de compra a las empresas beneficiadas en el mercado mayorista, mientras que en el largo plazo reduce la rentabilidad y el ingreso de nuevos generadores, particularmente de quienes ofrecen energías renovables de disponibilidad variable como la solar, eólica e hidráulica.
El otro litigio, en el que la Corte Suprema está por determinar si el Tribunal Ambiental es o no competente de resolverlo, fue interpuesto por organizaciones sociales y ambientales. En él se alega que la norma agrava la crisis climática, entre otras cosas porque en la cadena del gas existen fugas de metano, principal componente del GNL y un gas de efecto invernadero que ha causado el 30% del aumento de las temperaturas globales desde la revolución industrial.
En la demanda se argumenta también que el uso de la norma profundiza los daños a la salud de quienes habitan las localidades donde están los dos puertos regasificadores del país, Quintero y Mejillones, reconocidas como zonas de sacrificio ambiental por los niveles extremos de contaminación y los episodios de intoxicación masiva que sufren. De acuerdo con un informe de la ONG The Environmental Project, las terminales de GNL liberan contaminantes atmosféricos nocivos para la salud humana: compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y material particulado.
En este reportaje explico los detalles de la polémica norma, clave en un momento en el que Chile busca descarbonizar su matriz eléctrica antes de 2040 y cuando en el mundo existe una narrativa según la cual el gas es un “combustible de transición” y una fuente de energía supuestamente “limpia”.
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