El
Observatorio ha recibido información sobre hechos de intimidación y
amenazas contra los líderes sociales el Sr. Richard
Zapata,
Vicepresidente del Movimiento Ríos Vivos y Representante legal de la
Asociación de Barequeros, Pescadores y Agricultores de Sabanalarga
(Asominsab) y las Sras. María
Rojo Villa,
Secretaria general del Movimiento Ríos Vivos y de Asominsab, y Luz
Ángela Agudelo,
integrante de la Coordinación general del Movimiento Ríos Vivos y
Vicepresidenta de Asominsab. El Movimiento
Ríos Vivos
agrupa a 15 organizaciones sociales de base de mujeres, jóvenes,
barequeros, agricultores, pescadores, cocineras, entre otros medios
de vida que se han visto afectados por el proyecto
hidroeléctrico Hidroituango,
incluida Asominsab. Este movimiento protesta contra los diferentes
impactos generados por el mega proyecto hidroeléctrico, tales como
los desalojos forzados, la ausencia de compensación justa, de
reubicación y acceso a tierras, así como los impactos negativos en
la salud y en el medioambiente.
El
22 de enero de 2024, cercano a las 3:00 de la mañana, hombres
armados que se habrían identificado como integrantes del grupo
armado ilegal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se
presentaron de manera simultánea en los domicilios de Richard
Zapata, María Rojo Villa y Luz Ángela Agudelo, ubicados en
diferentes direcciones del casco urbano del municipio de Sabanalarga,
departamento de Antioquia. Los hombres habrían exigido y acosado a
las tres personas defensoras para que trabajaran para el grupo armado
ilegal, entregando toda la información de las actividades que
realizan. Los hombres armados también las habrían amenazado, al
decirles que si no accedían a trabajar para el grupo armado tendrían
que abandonar el territorio o atenerse a las consecuencias. Los
defensores presentaron una denuncia ante las autoridades nacionales
colombianas por estos actos de intimidación.
A
raíz de estas amenazas y ataques, los líderes y sus familias
tuvieron que ser evacuados de las veredas y el casco urbano del
municipio para garantizar su seguridad.
Estos
ataques se producen después de que Richard Zapata, María Rojo Villa
y Luz Ángela Agudelo regresaron de una reunión de Coordinación
General del Movimiento Ríos Vivos, realizada en la sede principal
del movimiento, el día 21 de enero de 2024, ubicada en el Municipio
de Toledo (Antioquia). La reunión contó con más de 40 líderes de
las subregiones del norte, Occidente y Bajo Cauca del departamento de
Antioquia, incluida la líderesa ambiental y Senadora del Pacto
Histórico Isabel
Cristina Zuleta.
El
Observatorio recuerda que estos nuevos actos de intimidación y
amenazas se suman a las numerosas agresiones sufridas desde el años
2008 por las personas defensoras del río Cauca y de los derechos de
las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango, incluido
el asesinato
de lideres.
Estos se producen en un contexto de fuerte presencia y disputas entre
grupos armados en los territorios de incidencia de la obra, a la cual
han mostrado su respaldo, y de ocurrencia de múltiples ataques
perpetuados por hombres armados en diferentes municipios.
Recientemente, el 18 de diciembre de 2023, un hombre que se
identificó como integrante de las AGC llamó al teléfono personal
de la Presidenta del Movimiento Ríos Vivos, la Sra. Milena
Flórez,
exigiéndole un encuentro y demostrándole con suficiente detalle que
conocían la sede del Movimiento y las actividades que realiza la
organización.
El
Observatorio expresa su profunda preocupación por los actos de
intimidación y amenazas en contras de Richard Zapata, María Rojo
Villa, Luz Ángela Agudelo y Milena Flórez, que parecen ser
represalias por su legitima labor en defensa de los derechos
ambientales.
El
Observatorio urge a las autoridades colombianas a garantizar la
protección y la integridad física y psicológica de Richard Zapata,
María Rojo Villa, Luz Ángela Agudelo y Milena Flórez, y la de
todas las personas integrantes del Movimiento Ríos Vivos, así como
de sus familiares.
El
Observatorio también insta a las autoridades de Colombia a llevar a
cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e
imparcial sobre los hechos de intimidación y amenazas arriba
mencionados, con el fin de identificar a todos los responsables
materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente,
independiente, justo e imparcial, y aplicarles las sanciones penales
y de otra naturaleza judicial previstas en la normativa interna.
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