El Observatorio ha recibido información del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) sobre el intento de intrusión por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la sede de la organización.
El 20 de septiembre de 2022, mientras se realizaba una rueda de
prensa de los familiares de los trabajadores y líderes sindicales
detenidos en julio de 2022, incluido el sindicalista y trabajador
humanitario Gabriel Blanco,
en la sede de PROVEA, un grupo de agentes del SEBIN se apersonó al
sitio, pretendiendo ingresar a la rueda de prensa. Los miembros de
PROVEA les solicitaron una orden judicial para ingresar en la sede, pero
al no disponer de una, permanecieron fuera del edificio. No obstante,
los funcionarios del SEBIN se mantuvieron alrededor de los locales de
PROVEA durante más de treinta minutos.
El Observatorio subraya que en su informe
hecho público el 20 de septiembre de 2022, la Misión internacional
independiente de determinación de los hechos sobre la República
Bolivariana de Venezuela de la ONU (MII) acusa al SEBIN, una fuerza
policial especial, de crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, entre mayo de 2021 y abril de 2022, se documentaron
166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico en
Venezuela, incluida la estigmatización, criminalización y amenazas
contra voces disidentes. Asimismo, en su informe de septiembre de 2021,
la MII subrayó el incremento de la persecución de individuos y
organizaciones que documentan, denuncian o intentan abordar situaciones
relativas a violaciones de derechos humanos, y problemas sociales y
económicos en el país, así como individuos que interfieren o se percibe
que interfieren en los intereses políticos, económicos o criminales de
ciertos actores del Gobierno.
Según las cifras documentadas por COFAVIC, durante 2021, se registraron
un total de 215 casos de ataques a personas y organizaciones no
gubernamentales defensoras de derechos humanos, muchos de ellos con la
justificación doctrinal del enemigo desestabilizador del Estado. Las
autoridades venezolanas siguen implementando una estructura de persecución que ha contribuido a restringir el espacio de trabajo para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Observatorio condena este acto de intimidación contra PROVEA por
parte de las autoridades venezolanas cuyo único objetivo parece ser
intimidar a familiares de los trabajadores y líderes sindicales
detenidos, y que constituye una nueva escalada de la represión contra
las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país.
El Observatorio insta a las autoridades venezolanas a poner fin de
inmediato a todo tipo de hostigamiento y en contra de PROVEA, de los
trabajadores y líderes sindicales y de sus familiares, así como contra
todas las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos
en el país.
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