Ha pasado una semana desde la finalización de la Conferencia de Bonn, la instancia previa a la siguiente Conferencia de las Partes (COP27), en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático. Durante 10 días los órganos subsidiarios y técnicos de la Convención buscaron avanzar en las negociaciones camino a Egipto. Así como se llegó a este escenario con variados desafíos, dejó al final una sensación amarga para el sur global.
De partida, se constató la falta de claridad y de conclusiones vinculantes respecto al Programa de Trabajo de Mitigación, alejando las metas necesarias para el año 2030. Luego, con encuentros llenos de buenas intenciones que carecieron de profundidad, respecto a los fondos de financiamiento, tanto para las metas globales de adaptación como al pago por pérdidas y daños generados por la crisis climática.
En efecto, una de las principales preocupaciones que tenemos las organizaciones civiles en Latinoamérica y el Caribe es la falta de compromiso de los países en desarrollo de generar, efectivamente, un mecanismo de financiamiento de pérdidas y daños. Incluso con la evidencia sobre la mesa - como el informe que revela que el cambio climático acabó con una quinta parte de la riqueza de los países pobres, con pérdidas que ascienden a US$ 525 mil millones - los responsables históricos de las emisiones de gases de efecto invernadero no han querido avanzar y han postergado, una vez más, la acción directa de cara a la próxima COP 27.
Otra vez, quedamos a merced de la voluntariedad, exigiendo la consideración de principios ambientales relevantes, como la responsabilidad intergeneracional, la reparación de daños y la transparencia. La agenda climática del sur del mundo sigue en pie y mantendrá sus objetivos claros, ya sea en Bonn o en Egipto: justicia climática es justicia social, y continuaremos haciendo eco de ello.
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