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El Observatorio ha recibido información sobre la criminalización y el riesgo de detención que enfrenta Miguel López Vega,
miembro de la comunidad indígena náhuatl de Santa María Zacatepec,
estado de Puebla, e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra y el Agua - Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT). El FPDTA-MPT
es una organización que defiende el derecho a la libre determinación de
los pueblos indígenas, así como la tierra, el territorio y el agua. El
Sr. López Vega es además comunicador comunitario e integrante de la Radio Comunitaria Zacatepec, ente beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El 29 de marzo de 2023, Miguel López
Vega deberá comparecer ante el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de
San Andrés Cholula, estado de Puebla, para una audiencia de vinculación
a proceso por los delitos de “obstrucción de obra o trabajo público” y
“ataque a medios de transporte”. El Sr. López Vega fue absuelto de estos
cargos en enero de 2020. Sin embargo, en notificación enviada al
defensor de derechos humanos y a su abogado Juan Carlos Flores Solís
el 16 de marzo de 2023, el Juzgado informó de que el auto de no
vinculación a proceso emitido en 2020 fue revocado y ordenó reponer el
procedimiento de primer grado.
El caso contra Miguel López Vega se
abrió a raíz de una denuncia que interpusieron el Gobierno de Puebla y
la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) en su contra ante la
Fiscalía General del Estado de Puebla en 2019, como represalia por su
participación en una protesta pacífica que tuvo lugar el 30 de octubre
de 2019 en Santa María Zacatepec, Puebla, la cual fue reprimida mediante
un uso excesivo de la fuerza ejercido por la policía estatal y la
Guardia Nacional. Ese día, las y los manifestantes y miembros de la
comunidad de Santa María Zacatepec se pronunciaron en defensa del río
Metlapanapa, Puebla, y denunciaron los riesgos de contaminación que
enfrentaba debido a la descarga de aguas residuales y a los trabajos de
drenaje industrial y pluvial del Parque Industrial Textil de
Huejotzingo, Puebla.
A raíz de esta denuncia, en
diciembre de 2019 se emitió una orden de aprehensión contra Miguel López
Vega por los delitos arriba mencionados además de “ataque a vías de
comunicación”. Ésta fue ejecutada el 24 de enero de 2020, cuando
funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Puebla arrestaron a
Miguel López Vega a su salida de una reunión con la Secretaría de
Gobierno del estado de Puebla, en la que también participaron otros
defensores de derechos humanos.
El 29 de enero de 2020, tras cinco
días detenido, Miguel López Vega compareció ante en la Casa de Justicia
Cholula, en Tlaxcalancingo, Puebla, para la audiencia de vinculación a
proceso. El juez mantuvo el cargo de “ataque a vías de comunicación” y
desestimó los de “obstrucción de obra pública” y “ataque a medios de
transporte”, al no contar con pruebas suficientes para inculpar al
defensor de derechos humanos. Asimismo, decretó su puesta en libertad
bajo la condición de presentarse y firmar actas de presencia cada 15
días ante el Tribunal Superior de Justicia de Puebla a la espera de
juicio. El Sr. López Vega ha cumplido con esta medida cautelar desde
entonces.
El 26 de octubre de 2021, la CEAS
apeló ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla la
decisión de dejar en libertad a Miguel López Vega adoptada con más de un
año de anterioridad, al considerar que se había vulnerado su derecho al
debido proceso. En su apelación, la CEAS argumentó que no se le había
informado de la audiencia celebrada el 29 de enero de 2020 ni de las
decisiones adoptadas por el juez, a pesar de que éstas fueron publicadas
y difundidas en medios de comunicación nacional y estatal.
Fue a raíz de esta apelación que el
Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de San Andrés Cholula ordenó que
se celebre de nuevo la audiencia de vinculación a proceso contra Miguel
López Vega. En esta audiencia, se le podrían imputar al defensor de
derechos humanos los cargos que anteriormente fueron desestimados, por
lo que existe el riesgo de que lo detengan al finalizar la audiencia.
El Observatorio condena los nuevos
actos de criminalización contra Miguel López Vega, que no parecen
responder más que a un acto de represalia por su defensa legítima y
pacífica de la tierra y el territorio. El Observatorio recuerda, además,
que tanto él como otros integrantes del FPDTA-MPT han sido objeto de
ataques, amenazas y hostigamiento. En noviembre de 2022, Juan Carlos
Flores Solís fue víctima de un intento de homicidio y en abril de 2022 su casa y la de Myriam Vargas Teutle
sufrió un allanamiento ilegal.
El Observatorio hace un llamado a
las autoridades federales mexicanas y a las autoridades de Puebla a
poner fin al hostigamiento judicial contra Miguel López Vega, así como
contra el conjunto de integrantes del FPDTA-MPT, y a proteger y respetar
el derecho del Sr. López Vega al debido proceso. El Observatorio llama a
la Comisión Nacional de Derechos Humanos a observar la audiencia del 29
de marzo de 2023 con el fin de asegurar el respeto a las garantías
judiciales en el proceso que enfrenta el defensor de derechos humanos.
El Observatorio urge al Mecanismo
Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas a tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad
física y bienestar psicológico de Miguel López Vega, así como
garantizar que pueda ejercer su labor en defensa de los derechos humanos
sin temor a represalias.
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