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Washington, DC, Ginebra, París, Bruselas, 6 de marzo de 2024
José Fernando Reyes Cuartas
Presidente
Corte Constitucional
presidencia@corteconstitucional.gov.co
secretaria1@corteconstitucional.gov.co
Martha Janeth Mancera
Fiscal General de la Nación
martha.mancera@fiscalia.gov.co
Hernando Toro Parra
Vicefiscal General de la Nación
hernando.toro@fiscalia.gov.co
Re: Violaciones al debido proceso y las garantías judiciales de
la lideresa comunitaria y defensora de derechos humanos Milena Quiroz
Jiménez.
Honorables autoridades,
Por este medio, las organizaciones
de la sociedad civil internacional que abajo firmamos nos dirigimos de
manera respetuosa a ustedes en relación al caso de la defensora de
derechos humanos y lideresa comunitaria Milena Quiroz Jiménez del
Departamento de Bolívar. Desde nuestras organizaciones venimos
acompañando el caso de Milena Quiroz Jiménez, apoyando en distintas
estrategias de protección ante las amenazas e intentos de
criminalización de las que ha sido víctima la defensora en los últimos
años. En la presente comunicación, queremos resaltar nuestra
preocupación por la falta de avance en el proceso en contra de Milena
Quiroz Jiménez, quien junto a otras siete (7) personas defensoras
comunitarias lleva casi siete (7) años esperando la culminación de la
audiencia preparatoria en su caso. En especial, nos preocupan las
reiteradas violaciones al debido proceso y las garantías judiciales de
Milena Quiroz Jiménez, quien desde el 22 de marzo de 2017 se ha
enfrentado a un proceso de criminalización y acoso judicial por su labor
de defensa de derechos humanos.
El 6 de diciembre de 2023 la Corte
Constitucional dictó la sentencia de tutela SU546-23, donde ordenó
“[e]xhortar al Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cartagena
para que, si aún no lo ha hecho, lleve a cabo la audiencia preparatoria
dentro del proceso 300160011292015003910 y le dé al asunto el impulso
necesario para su culminación”.
En lo que va transcurrido del año 2024 la audiencia ha sido aplazada en tres ocasiones por los siguientes motivos:
- La audiencia del 17 de enero de 2024, programada desde
el 18 de octubre del año 2023, fue reprogramada para el día 22 de enero
2024 debido a que el juzgado informó el 16 de enero del presente año
que, por error involuntario, para esa misma fecha también tenía
“programada audiencia con 29 personas privadas de la libertad bajo el
radicado interno 2023-062”.
- La audiencia del 22 de enero de 2024
fue reprogramada porque, ante el error del Juzgado de conocimiento del
proceso, los abogados defensores Sergio Turizo Urda y Jorge Molano le
fue imposible asistir por compromisos previamente adquiridos, por ende,
debieron solicitar el aplazamiento de la misma.
- La audiencia del
4 de marzo de 2024 fue reprogramada para el 15 de abril del 2024, dado
que, no hubo asistencia por parte de la fiscalía bajo el argumento de
que la fiscal titular que lleva el caso se encuentra de vacaciones y no
se asignó fiscal de reemplazo.
Consideramos que la reprogramación de
estas audiencias y la dilación injustificada del proceso exponen a la
lideresa Milena Quiroz Jiménez a riesgos constantes en contra de su vida
e integridad, y le obliga a soportar los costos emocionales, económicos
y profesionales que conlleva defenderse de un proceso judicial
infundado.
A la fecha han transcurrido 2.538 días desde que Milena Quiroz
Jiménez fue imputada por cargos no sustanciados, sin que se concluya aún
la audiencia preparatoria en el proceso que se adelanta en su contra.
Hoy, a tan solo 17 días que se cumplan 7 años del procesamiento en su
contra, la audiencia preparatoria ha sido nuevamente aplazada.
En vista de los hechos presentados, les instamos urgentemente a :
- Garantizar el inmediato cumplimiento de lo señalado por
la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia de tutela SU546-23
del 6 de diciembre de 2023, donde exhorta a la realización de la
audiencia preparatoria y dar el impulso necesario para su culminación.
- Examinar
en profundidad y considerar las irregularidades señaladas en el proceso
contra Milena Quiroz Jiménez, y consecuentemente, sancionar e
investigar adecuadamente estos hechos que han impedido el desarrollo
normal del proceso judicial y el respeto de sus garantías judiciales.
Confiando en su compromiso con la protección de los derechos humanos y
agradeciendo su atención a la presente, quedamos a su disposición para
proporcionarle cualquier información adicional que les fuera necesaria.
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