El Observatorio ha recibido información
del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos sobre las recientes amenazas y el
aumento de la inseguridad que enfrentan las y los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de la comunidad de Tocoa (Comité Municipal)
y sus familias, ante la celebración de un cabildo abierto previsto para
el día 9 de diciembre de 2023 con relación a la instalación de un
proyecto de energía termoeléctrica de coque de petróleo -una de las
fuentes de energía más contaminantes en el mundo-, como parte de un
megaproyecto impulsado por el grupo EMCO Holding Inc; a través de la
empresa Ecotek.
Desde el momento en que se anunció
el cabildo, se comenzaron a registrar nuevos actos de intimidación y
amenaza contra las y los integrantes del Comité Municipal y sus
familias, tales como campañas de estigmatización en línea; la difusión de información por mensajería digital en la que se criminaliza a las personas defensoras; mensajes del Secretario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) el Sr. Lucky Medina que han abonado al contexto de estigmatización contra las y los defensores; señalamientos en medios de comunicación públicos,
siendo el caso de la representante de la Cámara de Comercio y su
presidenta la Sra. Eggla Sosa, que señaló que “los opositores
ambientales” estaban financiados por organizaciones internacionales para
oponerse al proyecto. De igual manera, integrantes del Comité Municipal
de Tocoa han denunciado actos de intimidación en sus viviendas y bienes
personales.
Por otro lado, se han señalado actos
de clientelismo que buscan influenciar el voto de la población de
Tocoa, ya que en la misma semana que se planea realizar el cabildo
abierto, el alcalde de Tocoa el Sr. Adán Fuentes anunció a nombre del
Gobierno Central la entrega de un “Bono Solidario” el cual habría sido
entregado de manera discrecional, ya que los representantes de la
alcaldía habrían dicho a las y los ciudadanos que no recibirían el bono a
menos que estuvieran a favor del alcalde y del grupo EMCO.
El 10 de noviembre de 2023, el
alcalde de Tocoa el Sr. Adán Fuentes, quien fue nombrado por la Fiscalía
del Distrito Sur de Nueva York en tribunales estadounidenses
por supuestos actos de corrupción y por supuestamente haber facilitado
protección a grupos narcotraficantes, convocó a una sesión ordinaria de
la corporación municipal de Tocoa para celebrarse el 14 de noviembre en
la cual se aprobó la celebración de un cabildo abierto para impulsar la
instalación de la planta termoeléctrica de la empresa Ecotek, sin
informar y difundir ampliamente los posibles impactos sociales,
sanitarios y ambientales de este proyecto. Asimismo, la iniciativa
cuenta con el respaldo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA), a pesar de que la empresa aún no tiene la licencia para
realizar este proyecto.
El 27 de noviembre de 2023 la
corporación municipal extendió una invitación a la comunidad de Tocoa
para participar en el cabildo con el fin de socializar y aprobar el
proyecto energético el cual se ha presentado como la solución a los
problemas energéticos que se viven en la región. Sin embargo, según el
estudio de impacto ambiental presentado por la empresa a la SERNA con
registro EXP.SLAS-0000076-20, la electricidad que se generará será para
su propio consumo y no para la población.
El Observatorio expresa preocupación
por la manera en la que se está llevando a cabo este proceso de
consulta, el cual no está considerando factores de transparencia y
acceso a la información, inclusión y diálogo. De igual manera, con la
prontitud que se ha convocado al cabildo abierto, no se ha dado tiempo
suficiente para que la información llegue a todas las comunidades
afectadas, se incorporen otras perspectivas a la discusión y/o el
planteamiento de inquietudes sobre el proyecto por parte de la
comunidad.
El Observatorio recuerda que el
Comité Municipal ha presentado denuncias penales contra el grupo EMCO
Holding Inc; por daños al medio ambiente, falsificación de registros,
además de denuncias administrativas, las cuales no han sido atendidas
por las autoridades competentes. Estos hechos han puesto en un contexto
de grave riesgo y amenaza a las y los integrantes del Comité desde hace
varios años, siendo de los hechos más graves el asesinato de tres
defensores de los derechos humanos, Aly Domínguez y Jairo Bonilla el 7 de enero de 2023 y Oquelí Dominguez el 15 de junio de 2023, así como múltiples amenazas y hostigamientos que han recibido las y los miembros del Comité Municipal por su labor de defensa, en particular el Sr. Reynaldo Domínguez, hermano de dos de los defensores de derechos humanos asesinados, y su familia.
El Observatorio recuerda que el 5 de octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares
a favor de 30 personas integrantes del Comité Municipal y sus
representantes legales el Bufete Justicia para los Pueblos, dada su
urgente e inminente situación de riesgo. El Observatorio señala que a
pesar de la responsabilidad que tiene el Estado hondureño en la
implementación de estas medidas, a más de dos meses de que fueron
otorgadas al Comité Municipal, las personas beneficiarías señalan que no
se ha adoptado ninguna acción de manera consensuada para garantizar su
seguridad física e integridad.
Por lo contrario, las autoridades
hondureñas al respaldar actos como el cabildo abierto han abonado al
contexto de inseguridad en la comunidad, al mismo tiempo que no se han
pronunciado o denunciado los actos de estigmatización y amenazas
públicas difundidas en medios digitales contra las personas defensoras
integrantes del Comité Municipal y beneficiarias de las medidas
cautelares.
Finalmente, el Observatorio urge a
las autoridades de Honduras a cancelar el proceso de cabildo abierto
hasta garantizar la protección de las y los defensores de derechos
humanos integrantes del Comité Municipal, y sus familias, y en caso de
realizarlo, asegurar que sea una consulta libre, previa e informada y
que cuente con la participación de personas expertas independientes que
puedan exponer los impactos sanitarios, medioambientales y comunitarios
del proyecto.
|