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París-Ginebra, 20 de julio de 2026 – A casi diez años del asesinato de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y referente en la defensa de los derechos culturales y del territorio de los pueblos indígenas en Honduras, el Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (FIDH–OMCT) saluda el informe publicado recientemente por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre su caso. El Observatorio insta al nuevo gobierno hondureño, que asumirá sus funciones el 27 de enero de 2026, a acoger sus conclusiones y recomendaciones y llama a las autoridades a que prioricen la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos y la busqueda de la verdad, justicia y reparación en los crímenes cometidos contra ellas, en particular en el caso de Berta Cáceres.
Desde 2016, la familia de Berta Cáceres, el Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y
amplios sectores de la sociedad civil hondureña e internacional han
sostenido, con perseverancia y determinación, una exigencia
constante de verdad y justicia frente a un contexto marcado por la
violencia estructural, la criminalización y la falta de rendición
de cuentas por crímenes cometidos contra personas defensoras.
El
Observatorio junto con 19 organizaciones nacionales, regionales e
internacionales, hizo parte de la Misión
de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres,
conformada en septiembre de 2018 para exigir el respeto del debido
proceso, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las
víctimas. La misión observó audiencias judiciales clave, publicó
análisis sobre el desarrollo de los procesos y
realizó múltiples acciones de incidencia ante las autoridades
hondureñas.
Si
bien se han dictado condenas contra los autores materiales del crimen
y contra un coautor, ex ejecutivo de la empresa promotora del
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, estas decisiones no
han puesto fin a la impunidad estructural que
rodea el caso ni han permitido esclarecer de manera integral todas
las responsabilidades derivadas de los hechos.
En
este contexto, la publicación del Informe
del GIEI Honduras constituye un hito fundamental. El Informe confirma
que el crimen no fue un hecho aislado, sino el resultado de una
operación criminal organizada y planificada, vinculada a intereses
empresariales, sostenida por mecanismos financieros ilícitos y
facilitada por graves omisiones estatales.
El
Observatorio insta al nuevo gobierno hondureño a impulsar y a
adoptar todas las recomendaciones del Informe del GIEI, en
particular, las relacionadas con la adopción de un Protocolo
Nacional de Investigación de delitos contra personas defensoras; la
reforma y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección,
incorporando enfoques diferenciados y la participación efectiva de
la sociedad civil; así como el establecimiento de obligaciones
vinculantes de debida diligencia en derechos humanos para empresas e
instituciones financieras que operan en contextos de alto riesgo.
El
Observatorio considera que la implementación integral de estas
recomendaciones es esencial para enfrentar la violencia estructural
que afecta a las personas defensoras de derechos humanos en Honduras
y para asegurar verdad, justicia, reparación integral y garantías
de no repetición en el caso del asesinato de la defensora de
derechos humanos Berta Cáceres.
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