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Ya el nueve de diciembre pasado, en Argentina se advertía que eventuales incendios en la Patagonia podían transformar los bosques en un paisaje magmático. Lo sabían los habitantes de la zona y también el gobierno nacional. Un mes después, las imágenes difundidas confirman aquel escenario.
El diagnóstico, al cierre de esta edición, indica que dos focos permanecen activos y otros seis están controlados. Entre el miércoles y jueves hubo un alivio por la lluvia, sin embargo, la temporada de sequía dista de terminar. Las cifras oficiales reconocen más de 14.000 hectáreas destruidas. La mayor parte de los incendios se concentra en la provincia de Chubut, aunque también hay focos en Río Negro y Santa Cruz. Datos extraoficiales registran al menos 43 viviendas destruidas y ninguna víctima fatal.
Las condiciones que explican este escenario combinan sequías extremas, aumento de temperaturas y falta de ordenamiento territorial con perspectiva climática. En este contexto, se profundizaron los conflictos para quienes combaten el fuego. Durante la emergencia, brigadistas difundieron un video denunciando una “precarización urgente” y reclamando la recomposición salarial, planta permanente, bonos por emergencias y jubilación acorde. Hoy un brigadista de base gana alrededor de USD $590 y por decreto el contrato de toda la planta se renueva cada tres meses.
En el plano político, algunas autoridades nacionales —entre ellas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich— atribuyeron los incendios a grupos mapuche. Desde sectores de la oposición se apuntó a grupos israelíes. El fiscal a cargo descartó ambas hipótesis por infundadas. La investigación sostiene un origen antrópico, sin precisar aún si se trató de intencionalidad, negligencia o accidente.
En paralelo, científicos, ambientalistas y algunos congresistas denunciaron un interés deliberado del gobierno de Javier Mieli en flexibilizar la protección ambiental. El nueve de diciembre de 2025, el vocero presidencial anunció que, en el marco del “Pacto de Mayo”, se evalúa modificar o derogar la ley de Manejo del Fuego, que prohíbe el cambio de uso del suelo en zonas de conservación durante 60 años tras un incendio. También se plantea flexibilizar la ley de bosques nativos y las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
A esto se suma una reducción superior al 70% del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego hasta agosto pasado. No es la única fuente de ingresos, pero brigadistas y sindicatos advierten una precariedad severa en recursos y capacidad operativa. Aun así, desde el territorio destacan un hecho inédito: cientos de vecinos organizados como brigadistas voluntarios y en tareas de prevención. Es insuficiente, pero aparece como una luz, aunque tímida.
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