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El
Observatorio ha recibido información sobre la tentativa de homicidio
en contra del Sr. Yoan
Esteban Mazo Posada,
líder social y defensor de derechos humanos del Movimiento Ríos
Vivos. El Movimiento
Ríos Vivos
agrupa a 15 organizaciones sociales de base de mujeres, jóvenes,
barequeros, agricultores, pescadores, cocineras, entre otros medios
de vida que se han visto afectados por el proyecto
hidroeléctrico Hidroituango.
Este movimiento protesta contra los diferentes impactos generados por
el mega proyecto hidroeléctrico, tales como los desalojos forzados,
la ausencia de compensación justa, de reubicación y acceso a
tierras, así como los impactos negativos en la salud y en el
medioambiente.
El
29 de abril de 2024, a las 3 de la tarde aproximadamente, alrededor
de seis hombres desconocidos, armados con fusiles y armas cortas, al
parecer pertenecientes al grupo armado ilegal de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC), dispararon contra Yoan Esteban Mazo
Posada, cuando este se dirigía en su moto desde el municipio de
Briceño, departamento de Antioquia hacia Medellín, ocurriendo el
hecho a la altura del Alto de Chorrillos, entrada a Briceño. El
disparo le causa a Yoan Esteban una grave lesión en su columna
vertebral. Los y las habitantes del sector, temiendo represalias del
grupo armado, se negaron a ayudarle, y el Sr. Mazo Posada no fue
trasladado a un centro médico hasta tres horas después del ataque,
gracias a que alguno de los transeúntes llamó al hermano de Esteban
para informar sobre el hecho. Según las informaciones, mientras
Esteban estaba herido en el suelo, el grupo armado ordenó a uno de
los habitantes que pasó por el lugar, que informara que las AGC iban
a hacer limpieza social acabando con todos los guerrilleros,
colaboradores y líderes sociales que no trabajaran con o
compartieran la ideología de las AGC.
Tras
este hecho, el diagnóstico médico de Esteban es fractura conminuta
de elementos posteriores y apófisis transversales de L3 por herida
de arma de fuego, Trauma raquimedular ASIA A con shock medular y
trauma renal grado IV.
El
Sr. Mazo Posada ya había sido víctima de amenazas y desplazamiento
forzado en el año 2022, después de las denuncias por vulneración
de derechos humanos que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra la
empresa Hidroituango ante el Mecanismo Independiente de Consulta e
Investigación (MICI) del BID Invest. Por esta razón, contaba con
medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección
(UNP) desde noviembre de 2022, las cuales le fueron retiradas en
febrero de 2024. Actualmente, Yoan Esteban Mazo Posada y su familia
están desplazados del municipio de Briceño, porque temen regresar a
su territorio.
Este
hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y se
asignó el Número Único de Noticia Criminal – NUNC
050016099150202413759, así mismo, se informó a la UNP, Ministerio
del Interior, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Antioquia y la
alcaldía de Medellín, ciudad donde se encuentran desplazados
Esteban y su núcleo familiar.
El
Observatorio recuerda que este ataque forma parte de un patrón
continuado de hostigamiento e intimidación de las y los integrantes
del Movimiento Ríos Vivos. El 22 de enero de 2024, hombres armados
integrantes de las AGC se presentaron de manera simultánea en los
domicilios de los tres miembros del Movimiento Ríos Vivos Richard
Zapata,
María
Rojo Villa
y Luz
Ángela Agudelo,
en el casco urbano del municipio de Sabanalarga, departamento de
Antioquia, y los amenazaron. A raíz de estas amenazas y ataques, los
líderes y sus familias tuvieron que ser evacuados de las veredas y
el casco urbano del municipio para garantizar su seguridad.
El
Observatorio también recuerda que estos nuevos actos de intimidación
y amenazas se suman a las numerosas agresiones sufridas desde el años
2008 por las personas defensoras del río Cauca y de los derechos de
las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango, incluido
el asesinato
de lideres.
Estos se producen en un contexto de fuerte presencia y disputas entre
grupos armados en los territorios de incidencia de la obra, a la cual
han mostrado su respaldo, y de ocurrencia de múltiples ataques
perpetuados por hombres armados en diferentes municipios. El 18 de
diciembre de 2023, un hombre que se identificó como integrante de
las AGC llamó al teléfono personal de la Presidenta del Movimiento
Ríos Vivos, la Sra. Milena
Flórez,
exigiéndole un encuentro y demostrándole con suficiente detalle que
conocían la sede del Movimiento y las actividades que realiza la
organización.
El
Observatorio expresa su profundo rechazo por la tentativa de
homicidio en contra de Yoan Esteban Mazo Posada, que parece ser en
represalia por su legitima labor en defensa de los derechos
ambientales.
El
Observatorio urge a las autoridades colombianas a garantizar la
protección y la integridad física y psicológica de Yoan Esteban
Mazo Posada, y la de todas las personas integrantes del Movimiento
Ríos Vivos, incluidos Richar Zapata, María Rojo Villa, Luz Ángela
Agudelo y Milena Flórez, así como de sus familiares.
Sin
embargo, se hace necesario acotar que, si bien las medidas de
protección implementadas por el Estado colombiano a través de la
UNP son importantes para la garantía de seguridad de los líderes
sociales amenazados y sus familias, se han presentado múltiples
inconvenientes con esta entidad dado que se minimizan las situaciones
de riesgo y, como consecuencia de ello, los estudios de nivel de
riesgo de los líderes sociales, arrojan el resultado de “ordinario”
lo cual implica la no asignación de medidas de protección o; como
sucede actualmente con el caso de María Rojo, Ángela Agudelo y
Richar Zapata, estos estudios exceden el término de 3 meses
establecido para notificar el resultado a los líderes objeto del
estudio, lo cual genera tiempos prolongados sin protección por parte
de estos.
El
Observatorio también insta a las autoridades de Colombia a llevar a
cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e
imparcial sobre la tentativa de homicidio arriba mencionada, con el
fin de identificar a todos los responsables materiales e
intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente,
justo e imparcial, y aplicarles las sanciones penales y de otra
naturaleza judicial previstas en la normativa interna.
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