El
Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos,
programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y
de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), solicita
su intervención urgente ante la siguiente situación en Guatemala.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información sobre la detención arbitraria de Claudia González Orellana, abogada
defensora de derechos humanos, ex mandataria de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y representante
legal en el caso de abogados y ex fiscales criminalizados por parte de
las autoridades judiciales guatemaltecas, como es el caso de la Sra. Virginia Laparra.
En
la mañana del lunes 28 de agosto de 2023, agentes del Ministerio
Público allanaron la casa de la Sra. González Orellana presentando una
orden de allanamiento, inspección y registro que no especificaba el tipo
penal del cual se le acusaba. Una vez terminada la inspección, se le
presentó a la abogada una orden de aprehensión que señalaba únicamente
el delito de abuso de autoridad. Los agentes del Ministerio Público tomaron de manera
ilegal su computadora, su celular y un dispositivo USB. En el mismo
operativo agentes del Ministerio Público también allanaron las viviendas
de los ex fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Eva Siomara Sosa Pérez y Juan Francisco Sandoval Alfaro.
La
Sra. González Orellana fue detenida y trasladada al Centro de Detención
Preventiva “Mariscal Zavala”. Su primera audiencia de declaración fue
fijada para el 6 de septiembre de 2023; hecho que fue apelado durante la
comparecencia al momento de su arresto, dado que la fecha fijada para
obtener la audiencia de declaración de los cargos excede el plazo de 24
horas fijado en el Artículo 9 de la Constitución guatemalteca.
Durante
el proceso de detención de la Sra. González Orellana se presentaron
distintas irregularidades, por ejemplo, que el juez había argumentado no
tener tiempo para poder atenderla lo cual retrasó el proceso de
reconocimiento de los hechos, así como la dilación en los plazos
judiciales, violando los derechos a la libertad y seguridad personales,
así como al debido proceso constituidos en los Artículos 9 y 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Guatemala
es Estado Parte. Además, cuando el Juez Jimmi Bremer, quien autorizó el
operativo de allanamiento y la detención de la Sra. González Orellana,
decidió finalmente atender a la abogada para notificarle los cargos en
su contra, las autoridades del Ministerio Público no se presentaron
incumpliendo lo que el procedimiento interno demanda.
El Ministerio Público en un comunicado público
con fecha del 28 de agosto de 2023 argumentó que esta detención se daba
con base en el artículo 418 del Código Penal relativo al delito de
“Abuso de Autoridad” y en cumplimiento de la competencia legal que le
otorga el artículo 30, numeral 19 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público. Tanto la Sra. González Orellana como el Sr. Sandoval Alfaro
mencionaron que estos actos eran represalias a su labor en las
investigaciones que desarrollaron para revelar los actos de abuso de
poder cometidos por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia,
Blanca Aída Stalling Dávila, en beneficio de su hijo el cual era
procesado por el caso IGSS-Pisa Chiquimula[1].
Además, al momento de su detención, la Sra. González Orellana declaró
a la agencia de noticias Prensa Comunitaria Kilómetro 169, que desde el
año pasado sabía de la existencia de varias órdenes de allanamiento y
casos promovidos en su contra dada su labor de defensa y de
acompañamiento jurídico a otros abogados y ex fiscales. También
argumentó que el tipo de abuso de autoridad que se le imputa es muy
específico, ya que está vinculado al actuar de los funcionarios
públicos, y que en su caso al ser parte de la CICIG no estaba cumpliendo
este rol, sino el de mandataria de una organización internacional
reconocida por el Estado guatemalteco.
A inicios de este año, la Sra. González Orellana fue reconocida como
una de las abogadas más sobresalientes de Guatemala dada su labor en
contra de la corrupción, la impunidad en el país, y la defensa de los
derechos humanos, por lo que recibió el reconocido galardón
internacional Lawyers for Lawyers. Por lo que su detención, no sólo
debilita los acompañamientos jurídicos que está realizando a otros
abogados y ex fiscales criminalizados y detenidos, sino que vuelve a
dejar en evidencia que la política de persecución en contra de ex
procuradores de justicia independientes, abogadas y abogados, personas
defensoras de derechos humanos y periodistas continúa.
El
Observatorio exhorta a las autoridades guatemaltecas a liberar
inmediatamente a la abogada Claudia González Orellana, y garantizarle
medidas de reparación integral por estos actos de intimidación,
detención arbitraria, así como por la criminalización y la violación del
debido proceso al que está siendo sujeta. El Observatorio hace un
llamado a poner fin a esta política de persecución y hostigamiento
sistemática y dirigida desde las autoridades judiciales guatemaltecas en
contra de las y los operadores de justicia, personas defensoras de
derechos humanos y abogadas, y
a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar su
seguridad e integridad física y psicológica.
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