El Observatorio ha recibido información
sobre nuevas amenazas y actos de intimidación contra los defensores del
medioambiente de la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro, las y los
miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y
Públicos de Tocoa (CMDBCPT), así como contra el conjunto de personas
defensoras de los derechos humanos del departamento de Colón.
El 14 de enero de 2022, apareció en una página de Facebook llamada “Salama Informa”,
así como en varios chats de mensajería instantánea de la comunidad de
Guapinol y Sector San Pedro, un mensaje anónimo de contenido amenazante e
intimidatorio contra, de acuerdo con el mensaje, “lideres [sic] de
varias comunidades”, inclusive Guapinol, así como Quebrada de Arena, La
Montaña y La Conce, todas ellas ubicadas en Tocoa, Colón. El mensaje
también hace referencia a las y los trabajadores de las empresas
hondureñas extractoras de aceite de palma Dinant, Palmasa y Aceydesa, y a
Dole Food Company, empresa multinacional estadounidense de fruta. Todas
ellas operan en el departamento de Colón.
El anónimo, dirigido “A toda la mara
de Tocoa”, indica que circulan listas con los nombres de líderes de
estas comunidades y trabajadores de las empresas arriba mencionadas, a
quienes señala como objetivos de “un grupo de compas de la vieja
escuela”, que estarían encargados de asesinarlos “con el fin de que se
culpen entre ellos mismos de la carniceria [sic] en Colon [sic]”.
El mensaje finaliza con dos frases
amenazantes, anunciando, por un lado, nuevas muertes “en todos los
bandos” para “sembrar el caos en Colon [sic]”, y, por otro lado,
advirtiendo a las y los trabajadores, y comunidades arriba mencionadas
de que “ya empezo [sic] la caceria [sic]”.
La circulación de este anónimo se da
en un contexto de aumento de las campañas de estigmatización en redes
sociales, la violencia y las amenazas de muerte contra quienes defienden
la tierra y el medioambiente en el departamento de Colón. En enero de
2023, han sido asesinados dos miembros de la comunidad de Guapinol y
Sector San Pedro, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, así como el líder social y presidente de la cooperativa agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé, y su suegro.
Ante este clima de violencia,
representantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y
Públicos de Tocoa (CMDBCPT) interpusieron una denuncia ante la Fiscalía
Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia el 18 de
enero de 2023, para que se investiguen y sancionen las campañas de
estigmatización en redes sociales como medida preventiva de nuevos actos
de violencia.
Asimismo, el municipio de Tocoa se
encuentra bajo régimen de estado de excepción desde el 6 de enero de
2023, tras la prórroga de 45 días y ampliación del decreto ejecutivo
emitido el 6 de diciembre de 2022 que instauraba el estado de excepción
en 162 zonas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San
Pedro Sula con el fin de combatir estructuras del crimen organizado. Con
la ampliación, el estado de excepción se extiende a 73 municipios más
de Honduras, y permanecerá vigente hasta al menos el 20 de febrero de
2023, con la consecuente suspensión de derechos constitucionales,
inclusive la libertad de circulación, el derecho de asociación y
reunión, y la inviolabilidad del domicilio.
El Observatorio muestra su más alta
preocupación por las amenazas de muerte e intimidación contra quienes
defienden la tierra y el medioambiente en el departamento de Colón,
inclusive las personas defensoras de la comunidad de Guapinol y Sector
San Pedro, así como por la militarización del país bajo el estado de
excepción.
El Observatorio recuerda
que, al menos desde diciembre de 2022, el CMDBCPT ha denunciado públicamente
el seguimiento, campañas de estigmatización y amenazas de “eliminar uno
a uno” a los miembros de la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro,
las cuales desembocaron en el asesinato de los Sres. Domínguez y Bonilla
en enero de 2023. A pesar de estas emisiones de alerta temprana, las
autoridades hondureñas incumplieron con su deber de investigar las
amenazas y campañas de estigmatización, y tampoco reforzaron ni
ampliaron las medidas de protección para el conjunto de personas
defensoras de Guapinol y del Sector San Pedro.
Por todo ello, el Observatorio urge a
las autoridades hondureñas a adoptar las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del
conjunto de personas defensoras de los derechos humanos del departamento
de Colón, inclusive las y los defensores de Guapinol, del Sector San
Pedro y sus familias, así como a reforzar las medidas de protección ya
vigentes, e investigar de manera independiente e imparcial las campañas
de estigmatización, amenazas e intimidación arriba mencionados.
El Observatorio reitera su llamado a
las autoridades a implementar una política pública integral de
protección a las personas defensoras de derechos humanos y comunicadores
sociales, así como a dotar de los recursos humanos y materiales
necesarios al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos,
con el fin de garantizar su efectivo funcionamiento.
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