Esta semana se aprobó en el Senado de Paraguay una ley de créditos de carbono impulsada por el gobierno de Santiago Peña. Según el presidente, esta herramienta “será un gran cambio en el mercado” y proveerá al país de “millones de dólares de financiamiento para el clima”.
El proyecto busca crear un registro público de todos los proyectos de créditos de carbono en los mercados voluntarios. Pese a críticas de la oposición de izquierda y de derecha, el gobierno eliminó un requisito esencial en los mercados de carbono, que es demostrar que un proyecto - por ejemplo, un bosque - ya no se encuentra protegido o exigido por ley. A eso se le llama adicionalidad porque el objetivo es que el dinero de los mercados apoyen medidas de mitigación adicionales a las que de por sí Estados o empresas están obligados a realizar.
Detrás del cambio se encuentra el interés del gobierno de vender el carbono de áreas protegidas, y el de grandes propietarios ganaderos y sojeros de vender las reservas forestales que de por sí deben mantener. Sin adicionalidad, se corre el riesgo que los créditos emitidos sean créditos basura y solo sirvan como permisos para que países y empresas - como las petroleras - puedan seguir empeorando la crisis climática.
El caso suma una raya más al tigre de cuestionamientos a los mercados voluntarios de carbono.
En la misma semana de la votación en el Congreso de Paraguay, un estudio de Carbon Market Watch encontró serios errores en las metodologías utilizadas para calcular el valor de proyectos de carbono de bosques certificados por Verra, la organización gestora del principal mercado voluntario - que es donde Paraguay busca insertarse. Y también en la misma semana, un juez de Colombia ordenó suspender un proyecto de carbono que había vendido el bosque de un pueblo indígena sin su consentimiento.
La idea de un mercado global regulado de carbono, impulsado a través del Artículo 6 del Acuerdo de París, se encuentra en discusión desde hace varios años. En la última COP27, países rechazaron una propuesta criticada por incluir desde el carbono de océanos hasta eucaliptales (que son los principales proyectos impulsados en Paraguay).
La discusión se deberá reanudar en la próxima COP28 de diciembre en Dubái.
|