París-Ginebra,
14 de febrero de 2023 – La Asamblea Nacional aprobó en primera vuelta
el anteproyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y
Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines a
finales de enero. De aprobarse, esta ley supondría un paso más hacia la
desaparición del derecho a la libertad de asociación en el país,
denunció el Observatorio para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos (FIDH-OMCT).
El
24 de enero de 2023, el diputado Diosdado Cabello presentó el proyecto
de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de
las ONG y Afines frente a la Asamblea Nacional venezolana. En menos de
una hora, el proyecto fue aprobado por la Asamblea, de mayoría afín al
partido gobernante del presidente Nicolás Maduro, sin que se considerase
la exposición de motivos ni se discutiera el articulado, como exige la
Constitución venezolana.
Este proyecto tiene por objeto, en particular, prohibir la
realización de “actividades políticas”, e impedir “actuaciones que
atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la
República”, dos conceptos vagos que podrían usarse para restringir
gravemente los derechos a la asociación y participación ciudadana.
Particularmente, el texto prevé la solicitud de una autorización para
que las organizaciones de la sociedad civil operen en el país, así como
la inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales. A través de este registro, las personas y entidades
deberán indicar la recepción de fondos extranjeros. De no cumplir con
estos requerimientos, las personas y organizaciones de la sociedad civil
podrían enfrentar multas, cancelación del registro oficial, o incluso
acciones penales.
Este proyecto de ley forma parte de una amplia ofensiva de las
autoridades venezolanas contra la sociedad civil del país que lleva
varios años en marcha, con ataques y actos de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en contra de personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y la adopción de proyectos de ley o providencias administrativas que restringen y criminalizan la labor de las ONG.
En su presentación del texto a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello
diputado conocido por haber hostigado repetidamente a la sociedad civil
en los últimos años, atacó
específicamente a varias organizaciones de la sociedad civil venezolana
que serían las primeras en perder su legalidad con la nueva ley, entre
ellas PROVEA, organización miembro de la FIDH, acusándolas de ser
“apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizar al
imperialismo su operación en el mundo entero”. El Observatorio rechaza
los ataques directos contra PROVEA, que pueden poner en riesgo la
seguridad e integridad de su equipo.
Cabe destacar que no es la primera vez que el Sr. Cabello amenaza a
PROVEA. En febrero de 2020, en el momento de la presentación de la
reforma legislativa buscando restringir la financiación extranjera a las
ONG, el Sr. Cabello, entonces Presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, amenazó
directamente a PROVEA, señalando que era una de las organizaciones que
recibiría fondos de USAID y sugiriendo que sería una de las
organizaciones afectadas por la reforma legislativa. En esta ocasión,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció
dichas amenazas y exigió el cese de los actos de hostigamiento y
estigmatización en contra de personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo, al inicio del 2021, Diosdado Cabello también impulsó campañas de desprestigio, amenazas y difamación contra PROVEA y su membresía.
El Observatorio rechaza de manera contundente la aprobación de este
proyecto de ley que restringe gravemente el derecho a la libertad de
asociación en el país, y urge a los diputados de la Asamblea Nacional a
rechazar el proyecto de ley en segunda vuelta. Además, el Observatorio
expresa su preocupación que de aprobarse la ley, el consecuente cierre
de organizaciones de la sociedad civil venezolana también provoque un
aumento de movilidad y migración forzada de población venezolana a
países de la región.
El Observatorio urge las autoridades venezolanas a poner fin de forma
inmediata todos los ataques, actos de criminalización, intimidación,
hostigamiento y desprestigio en contra de las organizaciones y personas
defensoras de derechos humanos en el país, y a tomar todas las medidas
necesarias para garantizar el derecho a la libertad de asociación en
Venezuela, de acuerdo con los estándares internacionales y regionales de
derechos humanos.
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