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Ginebra-París,
12 de julio de 2024 – Por décadas, la Comunidad Indígena Nahua de Santa
María Ostula se ha enfrentado a una grave situación de violencia por
defender su derecho a la libre determinación y autonomía. En los últimos
20 años se han registrado más de 42 asesinatos y la desaparición de
cinco personas de la comunidad, y recientemente los niveles de violencia
se han agudizado. A pesar de la gravedad de la situación, el Estado
mexicano sigue sin garantizar sus derechos. El Observatorio para la
Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) exige un
alto a la violencia contra la Comunidad de Ostula y solicita su
protección inmediata.
El
1 de julio de 2024 la Comunidad Indígena Nahua de Santa María de Ostula
denunció ataques armados en contra de los puntos de seguridad que la
Guardia Comunal había establecido para vigilar y evitar el avance de los
grupos criminales que amenazan la zona. La comunidad repelió estos
ataques. Posteriormente, informaron que el 3 de julio de 2024 desde la
mañana comenzaron a escuchar explosiones ocasionadas por drones, así
como detonaciones de armas de grueso calibre en los cerros que rodean la
encargatura de la Cofradía de Ostula. Alrededor de las 18:00 hrs.
presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
lanzaron un explosivo en contra de la cancha central de la encargatura,
continuando con el ataque e intimidación de la población civil, entre
los que se encontraban mujeres, niños y personas de la tercera edad.
La
Comunidad de Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, es un grupo
indígena conformado por 24 comunidades de la región de la costa-sierra
del estado de Michoacán, que desde hace décadas se ha dedicado a la
defensa de su autonomía y la libre determinación de su pueblo. Desde
2004, se enfrentaron a una disputa con pequeños propietarios locales
que, bajo el control de grupos criminales les había quitado un
territorio de 1250 hectáreas. En 2009, la comunidad logró recuperar esta
tierra, conocida actualmente como San Diego Xayakalan.
La
defensa por su territorio llevó a la Comunidad de Ostula a enfrentarse
desde hace décadas a un contexto generalizado de violencia promovido por
grupos del poder político, económico y criminal que cooperan
conjuntamente para despojarlos de sus recursos naturales, principalmente
minerales como el hierro, oro y plata, entre otros. La comunidad se ha
enfrentado a ataques, amenazas, desplazamiento forzado, secuestros, y el
asesinato de 42 de sus integrantes, así como la desaparición de cinco
personas de la comunidad, en los últimos 20 años.
Desde
2023 los niveles de violencia nuevamente se agudizaron, resultado en el
asesinato de seis personas hasta la fecha, que tenían o habían tenido
un cargo en la Comunidad de Ostula. El 12 de enero de 2023, fueron
asesinados los guardias comunales Isau Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano; el 10 de agosto de 2023 el guardia comunal Lorenzo Froylán de la Cruz; el 14 de abril de 2023, Juan Medina, integrante de la comunidad, y el 17 de mayo de 2024, el líder comunero y defensor Antonio Regis Nicolás.
Ante
la falta de atención y protección por parte de las autoridades del
Estado; la Comunidad de Ostula sigue organizándose para reforzar las
tareas de seguridad y protección de la población. Sin embargo, los
constantes ataques y la agudización de la violencia en la región impiden
la labor de defensa del territorio, colocando a los y las integrantes
de la comunidad, y en particular a los miembros de la Asamblea
Comunitaria en una situación de alto riesgo.
Por
todo ello, el Observatorio hace un llamado al Gobierno Federal, al
Gobierno del estado de Michoacán, y a las autoridades competentes, a
garantizar de manera urgente la protección e integridad física y
psicológica de las personas defensoras del territorio y de todas las
personas que integran la Comunidad Indígena Nahua de Santa María de
Ostula, en coordinación con las autoridades indígenas de la comunidad.
Igualmente,
el Observatorio urge a las autoridades a reconocer la labor que realiza
el Gobierno Comunal de Santa María de Ostula y respetar su jurisdicción
en el cuidado y protección de su territorio, además de garantizar las
condiciones para que las y los miembros de la Comunidad puedan ejercer
sus derechos colectivos a la autonomía y libre determinación.
El
Observatorio recuerda al Estado mexicano su obligación de proteger y
garantizar la seguridad de las personas defensoras de la tierra y el
territorio, así como a cumplir con sus compromisos internacionales en
materia de derechos de los pueblos indígenas e implementar el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes.
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