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El
Observatorio ha recibido información sobre la detención arbitraria
de los Sres. Kennedy
Tejeda,
Edward
Ocariz, y
la detención arbitraria y subsecuente liberación del Sr. Yendri
Omar Velásquez. Kennedy
Tejeda es un dedicado defensor de los derechos humanos, abogado y
miembro del equipo legal de Foro Penal, una ONG constituida por
abogados y abogadas que promueve y defiende los derechos humanos,
prestando asistencia jurídica gratuita a ciudadanos reprimidos por
el Estado por disentir y, en general, a víctimas de violaciones de
derechos humanos. Edward Ocariz es un líder comunitario en Coche,
Caracas, miembro del Comité en defensa de los derechos humanos de la
parroquia Coche y vicepresidente de la organización Primero Justicia
en la parroquia Coche, que colabora con el Programa Venezolano de
Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), organización
miembro de la FIDH. Yendri Omar Velásquez es el director del
Observatorio de Violencias LGBTIQ+.
El
2 de agosto de 2024, Kennedy Tejeda fue detenido por la Guardia
Nacional Bolivariana y presuntamente trasladado a la Dirección
General de Contra-inteligencia Militar (DGCIM) en Valencia, estado
Carabobo. El Sr. Tejeda fue arrestado cuando visitaba el Comando
Rural de Montalbán,
un
centro de detención en el estado Carabobo, para averiguar sobre la
situación de unos detenidos en protesta en dicho estado.
En
la mañana del 3 de agosto de 2024, la madre de Kennedy Tejeda
informó al coordinador de Foro Penal en el estado de Carabobo que un
funcionario en Montalbán le señalo que el Sr. Tejeda había
resultado detenido y trasladado a la sede de la DGCIM, sin indicarle
los motivos de su detención. El 4 de agosto de 2024, se confirmó al
Foro Penal el decreto de la medida judicial privativa de libertad
para Kennedy Tejeda y que estaba bajo la orden de los tribunales con
competencia en Terrorismo de la ciudad de Caracas, sin comunicar los
delitos imputados. Ulteriormente, el Sr. Tejeda fue trasladado en un
comando militar de la Guardia Nacional Bolivariana. A la fecha de
publicación de este llamado urgente, ni Foro Penal ni su familia han
tenido contacto con Kennedy Tejeda y le ha sido denegado el acceso a
sus abogados.
Por
otro lado, el 2 de agosto de 2024, Edward Ocariz fue detenido por
funcionarios de seguridad del Estado enmascarados, en su hogar en
Coche, Caracas, y llevado en la Zona 7 de la Policía Nacional
Bolivariana, en Boleíta, Caracas. Al momento de su detención, los
funcionarios policiales no mostraron orden de allanamiento ni de
captura. Edward Ocariz ya había denunciado amenazas de simpatizantes
oficialistas con anterioridad a su detención. A la fecha de
publicación de este llamado urgente, se desconocen los motivos de su
detención y se encuentra detenido en Tocuyito. Desde el 8 de agosto
de 2024, se encuentra incomunicado, ya que su familia afirma no haber
podido comunicar con él desde esta fecha.
El
3 de agosto de 2024, Yendri Omar Velásquez fue detenido en el
aeropuerto de Maiquetía, donde le informaron que su pasaporte había
sido anulado mientras se disponía a viajar para representar a una
coalición de organizaciones ante el Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial (CERD) en Ginebra por invitación de la
Organización de las Naciones Unidas. Fue liberado el mismo
día,
después de varias horas durante las cuales se desconocía su
paradero. En el contexto de las recientes elecciones presidenciales
de julio de 2024, la práctica de la anulación de pasaportes se ha
identificado como una posible acción de intimidación contra las
personas opositoras del régimen, y personas defensoras de derechos
humanos que colaboran con el sistema internacional de protección de
los derechos humanos.
Además,
los y las abogados/as y voluntarios/as de Foro Penal, quienes han
prestado su asistencia pro bono a varios detenidos víctimas de la
represión post-electoral en Venezuela, están
sufriendo acoso e intimidación
por parte de las fuerzas de seguridad, obstruyendo el derecho de las
personas detenidas a recibir una representación legal adecuada.
El
Observatorio recuerda que estas detenciones arbitrarias y actos de
intimidación forman parte de una política
sistemática de persecución y represión
contra
voces
disidentes y civiles, incluyendo a las personas defensoras de
derechos humanos. Esta represión se ha intensificado tras las
elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que se
proclamó de manera controvertida la victoria de Nicolás Maduro el
29 de julio 2024, la cual ha sido señalada por fuertes indicios de
fraude, generando intensas protestas en el país debido a las
irregularidades y la falta de transparencia del Consejo Nacional
Electoral (CNE). En
este contexto de represión generalizada contra la sociedad civil en
el país, al menos
25 personas fueron asesinadas
y más de 2400
personas fueron detenidas
a la fecha de publicación de este llamado urgente, según
información de Provea y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos respectivamente.
Asimismo,
el 15 de agosto 2024, el Parlamento venezolano aprobó la “Ley de
fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las
organizaciones no gubernamentales y afines”, que obliga a las ONGs
a inscribirse en un registro local y hacer una "relación de
donaciones recibidas con plena identificación de los donantes,
indicando si son nacionales o extranjeros" bajo la supervisión
del Ministerio de Interior. El Observatorio recuerda
que esta ley busca aislar aún más a la sociedad civil venezolana,
obstaculizando la libertad de asociación y el accionar libre e
independiente de las organizaciones de la sociedad civil, que se
encuentran ahora obligadas a buscar autorización del gobierno para
realizar sus actividades, además de tener que declarar cualquier
financiamiento extranjero.
El
Observatorio manifiesta su más alta preocupación por las
detenciones arbitrarias e incomunicadas de Kennedy Tejeda y de Edward
Ocariz, que parecen ser represalia por su legítima labor en defensa
de los derechos humanos. El Observatorio también rechaza la
anulación del pasaporte de Yendri Omar Velásquez y la detención
arbitraria a la que ha sido sometido, que hacen parte de un patrón
por limitar la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
El
Observatorio urge a las autoridades venezolanas a garantizar a Edward
Ocariz y a Kennedy Tejeda acceso inmediato e incondicional a sus
abogados y familiares, y a liberarlos de manera inmediata e
incondicional. El Observatorio también insta a las autoridades de
Venezuela a poner fin a todo tipo de hostigamiento, incluido a nivel
judicial y administrativo, en su contra y en contra de Yendri Omar
Velásquez, del conjunto de integrantes de Foro Penal, así como
contra todas las personas defensoras de derechos humanos en el país.
El
Observatorio exhorta a las autoridades venezolanas a poner un alto a
la represión
generalizada
contra la sociedad civil y también pide que garanticen en todas las
circunstancias el derecho a la libertad de reunión pacífica,
consagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos de
los que Venezuela es parte, en particular el artículo 21 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
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