El
Observatorio ha recibido información sobre hechos de ataque y
hostigamientos contra el abogado Santiago
Salinas Miranda
miembro del Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo (CAJAR),
organización miembro de la FIDH y de la OMCT.
El 8
de enero de 2024, Santiago Salinas se encontraba con su esposa, Erika
Isabel Prieto Jaime,
también defensora de derechos humanos, en el supermercado
Colsubsidio de la Calle 26 con carrera 34 en Bogotá, aledaño a su
vivienda, a las 3:10 p.m, cuando se percataron de la presencia de dos
mujeres que hablaban de ellos y los señalaban. El abogado reconoció
a las mujeres y recordó que habían hecho presencia en distintos
espacios institucionales del CAJAR, generando escándalos y actos de
saboteo. El abogado y su esposa procedieron a grabarlas con el
teléfono a lo que las mujeres reaccionaron violentamente, gritando,
manifestando informaciones sobre que sabían quién era él,
mencionando el lugar donde trabajó la esposa y otros datos precisos
de otros integrantes del CAJAR. Luego la señora de más edad arrojó
al Sr. Salinas el café caliente que llevaba en la mano que le habría
ocasionado quemaduras en el pecho. Durante los hechos las mujeres
habrían realizado afirmaciones como que próximamente iba a estallar
una bomba, sin aclarar a qué se refería y señalando los lugares
donde otra de las abogadas del Colectivo y también defensora de
derechos humanos, Diana
Marcela Otavo,
había trabajado, lo que indicaría un perfilamiento detallado.
Después
de los hechos, las dos mujeres trataron de huir, acción que fue
impedida por la seguridad del supermercado, requerida por Erika
Prieto para que se aguardara la presencia policial. El cuadrante de
Policía condujo a las agresoras al Comando de Atención Inmediata
de la Policía - CAI de Teusaquillo para registrar sus datos y luego
a la Unidad de Respuesta Inmediata - URI de Puente Aranda, donde
Santiago Salinas Miranda denunció lo sucedido e informó a las
autoridades que había visto con anterioridad a su agresora en una
Audiencia Pública en el Congreso de la República sobre empresas y
derechos humanos.
Los
y las integrantes del CAJAR que han venido siendo hostigados por
estas personas son parte del equipo de profesionales que hacen
seguimiento a las prácticas de interferencia y a los impactos de
algunas empresas de la industria de ultra procesados y bebidas
endulzadas en el marco de la campaña “Dulce Veneno – el antídoto
es la verdad”, así como a procesos de impactos socio - ambientales
en los territorios por parte de empresas transnacionales.
El
CAJAR denuncia
que estas dos mujeres han hecho presencia de forma intimidatoria en
al menos cuatro oportunidades hostigando o intimidando a miembros del
CAJAR.
El
Observatorio recuerda que integrantes del CAJAR han sufrido distintos
ataques desde la fundación de la organización, incluida la
intrusión
ilegal
en el domicilio de la abogada y vicepresidenta de la organización
Soraya
Gutiérrez Argüello
en abril de 2023. Por esta razón, en 2001, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares
a su favor. Además, desde 2020, se adelanta un caso judicial ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los ataques
que han sufrido el CAJAR y sus integrantes.
El
Observatorio expresa su profunda preocupación por los ataques
sufridos por el abogado Santiago Salinas Miranda, su esposa Erika
Isabel Prieto Jaime y las y los otros integrantes del CAJAR, los
cuales no sólo afectan directamente su vida e integridad física y
psicológica, sino que impactan negativamente en el ejercicio de
defensa de derechos humanos que realiza el CAJAR.
Por
esto, les solicita a las autoridades colombianas que garanticen la
protección de Santiago Salinas Miranda, su esposa Erika Isabel
Prieto Jaime y la de todas las personas integrantes del CAJAR y de
sus familias y emprendan una investigación inmediata, independiente,
exhaustiva e imparcial sobre los hechos de ataque y hostigamientos
por parte de las dos mujeres ya identificadas y denunciadas, se
identifiquen plenamente a todos los responsables materiales e
intelectuales, sean llevados ante un tribunal competente,
independiente, justo e imparcial, y reciban las sanciones penales y
de otra naturaleza judicial previstas en la normativa interna.
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