16 de febrero de 2024 – Las organizaciones internacionales
abajo firmantes, incluida la FIDH y la OMCT en el marco del Observatorio
para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, condenan
fuertemente la anunciada expulsión del personal de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
en Venezuela, en momentos en que la represión gubernamental se
intensificó notablemente antes de las elecciones presidenciales
previstas. Estos acontecimientos se producen en un contexto más amplio
de ataques a personas opositoras políticas, personas defensoras de
derechos humanos, y de erosión de las libertades cívicas.
El 9 de febrero de 2024, la reconocida
defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue detenida
arbitrariamente en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, mientras viajaba
con su hija. Su detención es parte de un patrón sistemático de
detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración.
Aunque el Fiscal General reconoció su detención, no ofreció información
sobre su paradero, a pesar de los esfuerzos de su equipo legal por
localizarla. Algunos familiares de San Miguel también fueron detenidos y
posteriormente excarcelados. San Miguel y su ex pareja permanecen
detenidos, presuntamente en la sede del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM), respectivamente. En el momento de la
publicación de este comunicado, ni familiares ni abogados han podido
verlos.
El 15 de febrero, el gobierno
venezolano anunció que suspenderá las actividades de la OACNUDH, lo que
supone una preocupante escalada en los intentos del país de eludir el
escrutinio internacional y la rendición de cuentas. Esta decisión se
produjo poco después de que la OACNUDH expresara su preocupación en
relación a la detención de Rocío San Miguel, declarando que “su paradero
permanece desconocido, lo que constituiría una desaparición forzada”.
El anuncio de la suspensión también vino un día después de la
publicación del informe del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a
la Alimentación tras su reciente visita a Venezuela.
La OACNUDH, incluída a través de su
presencia en Caracas, ha desempeñado un papel importante en el monitoreo
y documentación de la situación de derechos humanos en el país y en la
prestación de apoyo y asistencia a las víctimas y supervivientes. Por lo
tanto, la decisión de suspender su presencia crea lagunas de protección
inmediatas para personas y comunidades en riesgo, ya que la situación
de derechos humanos se está deteriorando aún más.
Instamos encarecidamente a los
Estados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a la comunidad
internacional a que insistan en el restablecimiento de una presencia
efectiva de la OACNUDH en el país y en la liberación de todas las
personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Hacemos un llamamiento adicional al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que trabaje activamente en la
renovación del mandato de la Misión internacional independiente de
determinación de los hechos (FFM, por sus siglas en inglés) sobre
Venezuela, en septiembre de 2024. El trabajo de la FFM ha sido
fundamental para investigar graves violaciones de derechos humanos y
crímenes internacionales en Venezuela, algunos de los cuales pueden
constituir crímenes de lesa humanidad, así como para identificar
patrones estructurales y posibles perpetradores de estos crímenes y
violaciones. El trabajo de la FFM, incluído su mandato de ofrecer
reportes públicos, sigue siendo esencial para alertar a la comunidad
internacional de los patrones de represión actuales y del riesgo de un
mayor deterioro. La FFM también es clave para proporcionar a los Estados
miembros de la ONU recomendaciones sobre estrategias eficaces de
prevención y mitigación a la luz de la intensificación de la persecución
selectiva y la represión generalizada.
Los Estados preocupados y actores
internacionales, las organizaciones internacionales y los mecanismos de
justicia deben mantenerse firmes en su compromiso de defender los
derechos humanos en Venezuela, incluyendo durante el próximo periodo de
sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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