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El Observatorio ha recibido nueva información
sobre el caso del Sr. Eduardo Torres,
abogado laboralista integrante desde hace más de 5 años del
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(PROVEA), una organización miembro de la FIDH, quién se encuentra
en situación de desaparición forzada y detención arbitraria, así
como sobre amenazas al Coordinador General de PROVEA, el Sr. Oscar
Murillo.
El 13 de mayo
de 2025, en una
declaración via Instagram,
el Fiscal General de Venezuela, el Sr. Tarek Wiliam Saab informó que
se había detenido al Sr. Torres “por su vinculación con una trama
conspirativa para generar violencia durante las elecciones
programadas para el 25 de mayo”. No
dio más detalles sobre el paradero del Sr. Torres o sobre las
agentes que lo detuvieron.
Según
el Fiscal, el Sr. Torres, a través de una estructura denominada
Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros,
habría usado de talleres de formación “como fachada para
organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los
centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación
hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas”.
En otra declaración en
Instagram, el Fiscal rechazó
las acusaciones
“temerarias” del Sr. Oscar Murillo, Coordinador General de
PROVEA, en las cuales denunciaba la detención arbitraria y
desaparición forzada de su colega. Y mencionó que el Ministerio
Público se encontraba evaluando desde el punto de vista jurídico
qué reacción
tomar en frente a estas acusaciones, en una clara amenaza al Sr.
Murillo.
El Observatorio
recuerda que el Sr. Eduardo Torres fue visto por última vez el
viernes 9 de mayo de 2025 a las 4:00 p.m. en Parque Central en
Caracas, la capital, luego de asistir a una reunión. En ese momento
el Sr. Torres se comunicó con su familia e informó que se dirigía
a su casa, ubicada cerca de la Av. Fuerzas Armadas en Caracas, pero
nunca llegó.
En busca de
información sobre el paradero de Eduardo Torres, la Sra. Emiselys
Nuñez, su esposa, acompañada por miembros de PROVEA, recorrieron
los distintos centros de reclusión
de Caracas, incluidos el Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN) en El Helicoide, las distintas sedes de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Boleíta y Petare, así
como la sede de la Dirección General Contrainteligencia Militar
(DGCIM) en Boleíta. A la hora de publicación de este llamado
urgente, su paradero sigue siendo desconocido.
El 11 de mayo
de 2025 la Sra. Emiselys Nuñez y el equipo legal de PROVEA acudieron
al Palacio de Justicia para introducir un documento de “Hábeas
Corpus” ante el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control
del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas,
Especializado en Materia de Amparos, para que las autoridades
informen si Eduardo Torres fue objeto de detención por el Estado
venezolano. Sin embargo, luego de más de siete horas de espera, no
les “autorizaron” la recepción del documento sin ofrecer
detalles, y en clara violación del art. 27 de la Constitución
Nacional y de los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a
la Libertad y Seguridad Personal.
El 12 de mayo
de 2025, el equipo de PROVEA, la esposa y la madre de Eduardo Torres,
acudieron
ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
y entregaron el documento de “Hábeas Corpus” a las 12h10 de la
tarde.
El Observatorio
subraya que el Sr. Torres en reiteradas ocasiones ha sido objeto de
amenazas y actos de hostigamiento por parte de funcionarios
policiales del Estado venezolano. Al igual que el resto del equipo de
PROVEA, es beneficiario de medidas
cautelares de protección
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
debido a las múltiples amenazas,
criminalización y hostigamiento contra su labor en Venezuela.
El Observatorio
recuerda que el 7 de enero de 2025, el Sr. Carlos
Correa, ex-coordinador de PROVEA, había
sido interceptado
en el centro de la capital Caracas por funcionarios encapuchados.
Su paradero permaneció desconocido por varios días antes de ser
liberado el 16 de enero de 2025.
El Observatorio
recuerda también que el 15 de octubre de 2024, el pasaporte del Sr.
Torres, entre
otras personas defensoras y/o señaladas como opositoras, fue
cancelado de manera selectiva y discrecional
como mecanismo de represión e intimidación para impedirle salir del
país y/o cooperar con los mecanismos de protección internacional,
violando por lo tanto sus derechos a la identidad, al libre tránsito
y a la movilidad.
El Observatorio
expresa su más profunda preocupación y rechazo a la detención
arbitraria y desaparición forzada del Sr. Eduardo Torres, por
vulnerar derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de
Venezuela y en los tratados internacionales a los que Venezuela es
parte, como el respeto al debido proceso, a la libertad individual y
a la integridad física y moral.
El Observatorio
subraya que esta desaparición forzada y detención arbitraria ocurre
a dos semanas de las elecciones nacional y regional previstas para el
25 de mayo de 2025, evidenciando nuevamente los riesgos contra las
personas defensoras en Venezuela y ejemplificando un intento
sistemático de silenciar todas las voces críticas y comprometidas
con los derechos humanos y la democracia en el país.
El Observatorio
insta a las autoridades de Venezuela a que garanticen la seguridad
física y psicológica del Sr. Eduardo Torres, den a conocer su
paradero y procedan a su liberación inmediata e incondicional.
El Observatorio
rechaza las amenazas contra el Coordinador General de PROVEA el Sr.
Oscar Murillo, quien al interpelar a las autoridades para que dieran
respuesta del paradero del Sr. Eduardo Torres, actuaba en su legítima
labor de defensor de derechos humanos. Por ello, el Observatorio
insta igualmente a las autoridades de Venezuela a que garanticen la
seguridad física y psicológica del Sr. Oscar Murillo, así como de
todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
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