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En el Plan de la Patria 2019 - 2025, ese documento que contenía todo el programa de gobierno de Nicolás Maduro, una de las tareas primordiales era la promoción “de la investigación y desarrollo de proyectos de energías limpias”, el desarrollo de una “cadena de valor asociada a las energías alternativas” para atender a las poblaciones aisladas y la diversificación “de la matriz energética nacional” para incorporar progresivamente “fuentes alternas de energía”. Pero ese plan se venció sin que nada de lo planteado se llevara a cabo.
En Venezuela ha habido iniciativas que estaban encaminadas a cumplir con la transición energética. Una de estas fue el programa “Sembrando luz”, de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec), que instalaba sistemas de energías renovables en comunidades aisladas, fronterizas e indígenas. Pero desde 2014 se paralizó casi por completo y hoy, solo atienden a medias el mantenimiento de esa red, mientras que las infraestructuras nuevas son escasas.
En ese estancamiento intervino la emergencia humanitaria compleja y la grave situación inflacionaria, pero también el ascenso de gerentes y personal que no estaba preparado para su cargo, la precarización de los salarios y un sistema eléctrico colapsado por el descuido y la falta de inversión en un país donde todos los días hay apagones.
Otra historia de reveses es la de la Unidad de Energía Renovable Venezuela (Unerven), una fábrica de aerogeneradores de baja potencia y paneles solares que fue reactivada en 2022 luego de un parón de seis años –según el gobierno, por la crisis socioeconómica– para atender las demandas del sector público en el área. Sin embargo, cuando se suscriben acuerdos para hacer granjas solares, su nombre no figura en los contratos. Su producción es todo un misterio y, en todo caso, no llega a abastecer a un mercado interno que requiere soluciones urgentes para enfrentar constantes racionamientos de luz.
¿Pero todo se lo debemos dejar al Estado? No. Desde la pandemia se han activado una serie de empresas que instalan paneles y aerogeneradores a particulares. Sin embargo, tampoco pueden avanzar mucho más. La vetusta legislación del país impide que estos nuevos desarrollos puedan conectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mientras que las bajísimas tarifas del servicio eléctrico hacen inviable que las compañías privadas puedan ser rentables.
Ante este escenario, lo ideal sería que se reactivaran los proyectos para electrificar las zonas remotas con energías limpias, que las fábricas de materiales sean más competitivas, que se aprueben las leyes pendientes para que haya una verdadera apertura hacia los sistemas de energía renovable e incluso que se den opciones de financiamientos a los ciudadanos para acceder a equipos de energía solar o eólica. ¿Crees que pase esto durante el nuevo período presidencial de Maduro? Ya veremos…
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