|
El Observatorio ha recibido información sobre la detención arbitraria y el acoso judicial del pastor y líder comunitario Sr. José Ángel Pérez Godínez y del abogado y ambientalista Sr. Alejandro Antonio Henríquez Flores,
ambos privados de libertad desde mayo de 2025, tras participar en una
protesta pacífica contra el desalojo de decenas de familias de la
comunidad El Bosque, una comunidad del distrito de Santa Tecla, cerca de
San Salvador.
El 29 de octubre de 2025, el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla
decidió mantener la detención provisional de los Sres. José Ángel Pérez
y Alejandro Henríquez, alegando “arraigos - laborales, domiciliares y
familiares- insuficientes”, pese a que su defensa presentó amplia
documentación, garantías y una caución económica superior a la
voluntariamente presentada inicialmente.
El 12 de mayo de 2025, decenas de miembros de la comunidad El Bosque,
incluidos los Sres. José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, se
reunieron frente al Centro Comercial Las Palmas, en Santa Tecla, lugar
por donde suele transitar la caravana presidencial, en camino hacia la
residencia del Presidente. El punto fue elegido con la esperanza de que
el presidente Nayib Bukele los viera con sus carteles y escuchara sus
demandas, ya que llevaban meses solicitando diálogo sin obtener
respuesta. La manifestación fue un último recurso para evitar una orden
de desalojo que amenazaba con desplazar a unas 300 familias campesinas
de sus hogares.
Durante la manifestación, desarrollada de forma pacífica, agentes de
la Policía Militar y unidades antimotines se acercaron a los
manifestantes preguntando por los líderes comunitarios, afirmando que
querían “hablar” con ellos en una patrulla. Ante la negativa de la
comunidad, las autoridades rodearon, empujaron y rociaron con gas
pimienta a campesinos, mujeres y niños, generando caos en la
concentración. En ese contexto fue capturado el pastor Pérez, mientras
que al día siguiente, 13 de mayo de 2025, fue detenido en San Salvador
el abogado Alejandro Henríquez, frente a sus oficinas de la organización
comunitaria ECOS El Salvador, quien trabaja en defensa del medio
ambiente y los derechos territoriales en el país.
De acuerdo con la información recopilada, la Policía Militar fue desplegada para contener la protesta, y existen videos e imágenes que muestran que los desórdenes fueron provocados por la intervención policial, no por la comunidad.
Además, tras los hechos, el presidente Nayib Bukele culpó
públicamente a organizaciones de la sociedad civil de los disturbios y
promovió una “Ley de Agentes Extranjeros”, que impone un impuesto del
30 % sobre fondos internacionales, obliga a las ONG a registrarse ante
el gobierno y restringe su accionar. Diversas organizaciones nacionales e
internacionales, incluido el Observatorio, han denunciado que esta ley busca silenciar o forzar el cierre de la sociedad civil independiente en el país.
Ambos defensores fueron posteriormente acusados de los delitos de
“resistencia agresiva” y “desórdenes públicos”, contemplados en los
artículos 337-A y 348 del Código Penal salvadoreño. Sin embargo, estos
delitos son de carácter común, y no justifican su reclusión en un centro
penal de máxima seguridad, donde permanecen desde hace casi seis meses.
Cabe destacar que la figura de “resistencia agresiva” fue introducida
en reformas legislativas para combatir estructuras de crimen organizado,
no para aplicarse a defensores de derechos humanos o manifestantes
pacíficos.
Tras la audiencia celebrada el 30 de mayo de 2025, un juez ordenó
prisión preventiva para ambos defensores, quienes fueron inicialmente
recluidos en una comisaría del distrito de Colón (departamento de La
Libertad) y posteriormente trasladados al Centro Penal La Esperanza
(Mariona), conocido por albergar a personas consideradas de alta
peligrosidad. En este recinto se han documentado denuncias de torturas,
tratos crueles y condiciones insalubres.
Durante su reclusión, José Ángel Pérez ha perdido completamente la
audición del oído izquierdo tras sufrir una fiebre alta sin recibir
atención médica, mientras que Alejandro Henríquez presenta lesiones
dermatológicas visibles ocasionadas por las condiciones precarias del
lugar. Pese a las múltiples solicitudes de asistencia médica, las
autoridades no han garantizado atención sanitaria adecuada.
De acuerdo con el equipo de defensa técnica, la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no ha realizado visitas ni
verificaciones en el penal desde el ingreso de los defensores. Desde su
detención, han permanecido en total incomunicación, sin acceso al mundo
exterior, y se les ha negado toda visita de familiares o abogados.
La única ocasión en que fueron vistos fue durante las audiencias
judiciales del 30 de mayo y del 29 de octubre de 2025, donde se constató
su deteriorado estado físico y emocional.
El plazo de instrucción vence el 16 de diciembre de 2025, y la
audiencia preliminar se podría programar para enero de 2026. De ser
declarados culpables, podrían enfrentar penas de entre dos y seis años
de prisión.
El Observatorio condena enérgicamente la detención arbitraria y el
acoso judicial de los Sres. José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, que
constituyen represalias e intimidación por su legítima labor de defensa
de los derechos humanos y el ejercicio de su derecho a la reunión
pacífica en El Salvador.
El Observatorio exige a las autoridades de El Salvador la liberación
inmediata e incondicional de los Sres. José Ángel Pérez y Alejandro
Henríquez, como lo han reclamado
diversas instancias internacionales, entre ellas la Relatora Especial
de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de
derechos humanos. El Observatorio insta también las autoridades a cesar
de inmediato la persecución sistemática, el hostigamiento físico y
judicial contra los Sres. Pérez y Henríquez, así como contra todas las
personas defensoras, comunidades y organizaciones de derechos humanos
que trabajan por la protección del medio ambiente, la tierra y la
justicia social en el país.
|
