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En 2015, Perú aprobó un proyecto muy ambicioso para llevar sistemas de energía solar fotovoltaica a comunidades indígenas de la región Amazonas. Este plan buscaba beneficiar a 6,658 familias de las etnias Awajún y Wampis en los distritos de El Cenepa, Río Santiago e Imaza, en la frontera con Ecuador. Sin embargo, en los últimos nueve años, apenas se ha ejecutado el 7.52% del presupuesto asignado, dejando a más de 28,000 personas sin acceso a electricidad.
El proyecto prometía transformar la vida de estas comunidades mediante la instalación de paneles solares centralizados y domiciliarios, reduciendo la dependencia de generadores a combustible fósil, una solución costosa e insostenible. Sin embargo, múltiples problemas contractuales han retrasado su implementación. En 2023, el contrato inicial fue rescindido debido a incumplimientos graves por parte del consorcio encargado, lo que obligó al gobierno a buscar nuevas empresas para continuar con las obras en 2024.
Amazonas es una de las regiones con menor acceso a electricidad en Perú: solo el 23.91% de su población está conectada a la red eléctrica, un porcentaje alarmantemente bajo frente a la cobertura promedio nacional. Esta falta de electricidad no solo limita el acceso a servicios básicos como salud y educación, sino que también perpetúa el aislamiento energético y las desigualdades en áreas rurales e indígenas.
La ingeniera ambiental Ximena Guardia señala que “no se ha avanzado como se debía [en la electrificación rural]. De acuerdo a los planes iniciales, ya deberíamos tener el 100% de la cobertura eléctrica, pero estamos muy lejos de esa meta.” Este estancamiento no se debe a dificultades técnicas, ya que la instalación de paneles solares es relativamente sencilla, sino a la burocracia y la falta de voluntad política.
Este caso contraviene normativas como el Decreto Legislativo 1002 y el Decreto Supremo 020-2023-EM, diseñados para promover energías renovables en zonas aisladas. Más allá de las cifras, evidencia una oportunidad perdida para avanzar hacia una transición energética justa y sostenible que beneficie a las comunidades más vulnerables del país.
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