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9 de abril de 2024 - Las
organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes,
incluidas la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y
la Organización mundial contra la tortura (OMCT) en el marco del
Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos,
condenamos en los términos más enérgicos las condiciones inhumanas que
se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa Plantaciones
S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos nuestra
solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos
trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A.
El grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos que ha estado acompañando y pidiendo justicia
en el caso de esclavitud moderna contra Furukawa Plantaciones S.A. en
Ecuador celebra que la Corte Constitucional de Ecuador vaya a tratar el
caso en los próximos días. La audiencia tendrá lugar el 9 de abril,
dando impulso a un proceso que tiene el potencial de sentar un
precedente histórico en la lucha contra la esclavitud contemporánea no
sólo en Ecuador, sino en toda la región. Además, el 18 de abril
empezará otro caso relacionado en el Tribunal Penal de Santo Domingo, en
el que tres directivos de Furukawa S.A. y la propia empresa se
enfrentan a cargos de trata de seres humanos con fines de explotación
laboral.
Cientos de familias han trabajado para Furukawa Plantaciones S. A. en
las zonas de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo durante más de 60
años, viviendo en campamentos dentro de las plantaciones de la empresa
durante generaciones, soportando condiciones irregulares de salario,
explotación, falta de acceso a servicios básicos adecuados, educación,
salud, saneamiento y otras violaciones de sus derechos. Miembros de la
comunidad, incluidos niños, tienen problemas crónicos de salud, en parte
debido al polvo que desprende la fibra de abacá al secarse, que penetra
en sus vías respiratorias y pulmones. Durante años, no tuvieron
electricidad ni agua potable.
Las dos próximas audiencias son ante todo un reflejo de la valentía y
resistencia de las comunidades de abacaleros de las zonas de
Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo en su búsqueda de justicia con el
apoyo del Comité de Solidaridad Furawaka Nunca Más conformado por la
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Centro de Derechos
Económicos y Sociales, Coordinadora Nacional Campesina,
Afrocomunicaciones y Observatorio Social de Derechos. Durante años, las y
los abacaleros han intentado reclamar sus derechos y denunciar sus
condiciones de trabajo y de vida ante diferentes autoridades locales y
nacionales sin un seguimiento adecuado y enfrentándose a represalias,
intimidaciones e intentos de criminalización por parte de la empresa. En
ese contexto, la lucha permanente de los defensores de derechos humanos
da lugar a que el Estado ecuatoriano reconozca el importante rol de los
defensores de derechos humanos en la búsqueda y garantía de los
derechos humanos.
El caso ahora ante la Corte Constitucional ha pasado por un largo
proceso judicial, con varias incursiones de la empresa para intentar
disuadirlo. El 15 de enero de 2021, el tribunal ecuatoriano de primera
instancia reconoció por primera vez que las condiciones de los
trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. constituían una violación del
derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la
servidumbre de la gleba, el derecho a la salud, la vivienda, la
educación y la identidad. El 15 de octubre 2021, la corte de apelación
ratificó el fallo de primera instancia, y claras medidas de reparación
fueron establecidas. En apelación presentada por la empresa, la Corte
Provincial de Justicia de la región de Santo Domingo de los Tsáchilas
confirmó la responsabilidad de la empresa, pero exoneró de
responsabilidad al Estado ecuatoriano. La decisión no revocó las medidas
de reparación a favor de los trabajadores. Desde entonces, las
comunidades de abacaleros afectados esperan que se cumpla el fallo
judicial y se haga justicia, en una situación de total precariedad
económica que los dejó vulnerables a los intentos de acoso y
criminalización llevados a cabo por Furukawa Plantaciones S.A. para
silenciarlos.
El 9 de abril, la Corte Constitucional de Ecuador determinará si
confirma la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A., la
responsabilidad por omisión del Estado de Ecuador y se pronunciará en
materia de reparaciones. Según el sistema judicial ecuatoriano, la
sentencia de la Corte Provincial de Justicia en apelación es firme y
debe ser ejecutada, por lo que Furukawa Plantaciones S.A. ya debería
haber cumplido con su obligación legal de reparar a los trabajadores. La
Corte Constitucional debe dejar claro que este retraso en cumplir el
fallo judicial por parte de Furukawa Plantaciones S.A. va en contra del
Estado de Derecho y no será tolerada por más tiempo.
En la causa penal, el Juzgado Penal de Santo Domingo empezará a
juzgar la responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y tres de sus
directivos por trata de personas con fines de explotación laboral. Si se
les declara culpables, los directivos podrían enfrentarse a penas de
prisión y podrá ser determinada la disolución de Furukawa Plantaciones
S.A en el país.
Furukawa Plantaciones S.A. ha buscado dilatar ambos procesos
judiciales durante años, con estrategias procesales que buscaron impedir
que la justicia del Estado ecuatoriano siga su curso, además de
presionar e intimidar directamente a los trabajadores y ex trabajadores
para que abandonen el caso. Recientemente, el jueves 4 de abril, la
gerencia de Furukawa Plantaciones S.A., flanqueada por personal de los
Ministerios de Trabajo y Salud Pública y de las fuerzas de seguridad,
visitó los campamentos donde vive parte de los abacaleros en un intento
de intimidarlos y hacerlos desistir del caso. Esto en flagrante
violación a las medidas de protección establecidas por el juez de
garantías penales de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En las próximas semanas, Ecuador tendrá una oportunidad histórica
para corregir los errores cometidos contra estas comunidades y dar un
paso decisivo en la lucha contra la esclavitud moderna y la
responsabilización de las empresas. El Estado ecuatoriano debe presentar
garantías claras de que esta situación no se repetirá, poniendo en
marcha políticas públicas de lucha contra la esclavitud y la trata de
personas, y estableciendo una estricta supervisión estatal de las
empresas. La decisión judicial también sienta un precedente optimista
para los defensores de los derechos humanos que buscan justicia en el
país.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo
firmantes condenamos en los términos más enérgicos las condiciones
inhumanas que se han impuesto a las comunidades afectadas por Furukawa
Plantaciones S.A. y sus directivos durante generaciones, y expresamos
nuestra solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos
trabajadores de Furukawa Plantaciones S.A. Por esta razón, las
organizaciones abajo firmantes:
Llamamos a la Corte Constitucional de Ecuador :
- que haga justicia confirmando la
responsabilidad de Furukawa Plantaciones S.A. y su obligación de
cumplir con sus responsabilidades hacia las y los abacaleros
implementando las reparaciones establecidas por los tribunales;
- que restablezca la responsabilidad del Estado ecuatoriano por omisión, tal y como se estableció en la sentencia original.
Llamamos a la Corte Penal de Santo Domingo :
- a que responsabilice a la
dirección de Furukawa Plantaciones S.A. de los cargos de trata de seres
humanos con fines de explotación laboral, y poner fin al ciclo de
impunidad que ha durado generaciones.
Hacemos un llamado al Estado ecuatoriano :
- a desarrollar políticas públicas
de protección para luchar contra la esclavitud contemporánea y la trata
de personas con fines de explotación laboral en el país. Este proceso
debe ser participativo y transparente, con la participación directa de
los defensores de derechos humanos y la sociedad civil;
- para que desarrolle políticas
públicas e iniciativas concretas para proteger a las personas defensoras
de derechos humanos que sufren diferentes tipos de violaciones,
ataques, procesos de criminalización e intimidación en sus luchas por
derechos en todo el país;
- desarrollar políticas públicas y
legislación acordes con los Principios Rectores sobre las Empresas y
los Derechos Humanos de la ONU, y establecer una estricta supervisión
estatal de las prácticas empresariales para evitar situaciones similares
en el futuro.
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