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Si vives en Chile, probablemente has escuchado mucho durante los últimos meses sobre la “permisología”, una palabra que irrumpió no sólo en la opinión pública, sino que también en la política, especialmente en el gobierno de Gabriel Boric y su agenda ambiental.
La permisología es un concepto que ha sido ampliamente usado por empresarios del sector energético chileno para referirse a la cantidad de permisos, sectoriales y/o ambientales, que deben obtener para operar y cómo estos podrían estar obstaculizando la inversión.
Este ha sido un tema muy debatido en Chile debido a los largos tiempos de tramitación en la evaluación de proyectos de inversión y la propuesta de ley que presentó el gobierno de Gabriel Boric: Evaluación Ambiental 2.0, un proyecto aplaudido por las empresas del gremio energético, pero sumamente criticado por la academia y organizaciones de la sociedad civil.
Desde las empresas energéticas aseguran que es necesario reducir los tiempos de evaluación ambiental y dar mayor certeza jurídica a los titulares a través del aceleramiento del proceso desde los organismos del Estado. Sin embargo, desde el mismo Servicio de Evaluación Ambiental y las organizaciones de la sociedad civil se ha señalado que muchas veces los tiempos se alargan debido a la falta de claridad en la información que entregan los mismos dueños de los proyectos, lo que deriva en una extensión de plazos para que las empresas puedan generar documentos de aclaraciones y rectificaciones.
El proyecto del gobierno, que se encuentra en su primer trámite constitucional, ya fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado chileno. La discusión avanza y sigue latente en la opinión pública, con fuertes divisiones entre las posturas de las empresas energéticas y la clase política, versus las organizaciones socioambientales y la sociedad civil organizada. ¿Qué hay detrás de esta discusión sobre la “permisología? ¿Cuáles son sus implicancias para la transición energética? Te cuento los detalles en este artículo.
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