En octubre de 2019 inició un proceso que tiene a Chile ad portas de un cambio histórico. Partió con las estudiantes secundarias protestando contra el alza de pasajes y hoy tenemos en nuestras manos una nueva Constitución que entierra la herencia de la dictadura pinochetista. El texto - disponible acá - establece una serie de normas que permiten decir que es una Constitución “ecológica”: el reconocimiento a la crisis climática y ecológica (a través de los principios de acción climática justa y justicia intergeneracional); el valor inherente de la naturaleza (expresada en los derechos de la naturaleza y los bienes comunes naturales), los derechos humanos ambientales (al agua, al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la participación y al acceso a la justicia); y en la distribución del poder en la toma de decisiones ambientales.
Esta semana comenzó oficialmente una campaña que ya ha estado marcada por la desinformación. Sin embargo, el texto propuesto no es una transformación radical, sino una herramienta necesaria para nuestros tiempos. Así lo refleja el primer artículo: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.
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