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El Observatorio ha recibido información sobre la condena de los Sres. Wilmer Otoniel Alonzo Herrera y José Orlando Rodas García,
defensores indígenas lencas y presidente e integrante respectivamente
del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Reitoca. Su condena es
consecuencia de un proceso de hostigamiento y acoso judicial iniciado en
su contra en el año 2018 como represalia a su trabajo en defensa del
Río Grande de Reitoca, también conocido como Río Petacón, frente a las
actividades de la Sociedad Mercantil Promotora de Generación de Energía
Limpia S.A (Progelsa).
El 18 de marzo de 2024, la Sala
Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, integrado por las
juezas Laura Casco, Wendy Rivera y Jeanette Padgett, celebró la
“audiencia de lectura de sentencia” en la que declaró a Wilmer Otoniel y
Orlando Rodas culpables del delito de “perturbación de un derecho real”
(Artículo 229 del anterior Código Penal
de Honduras [Decreto 144-83]) y los condenó a nueve meses de reclusión y
la reparación de los daños morales y económicos en perjuicio de la
empresa S.A Progelsa. Sin embargo, los defensores no han sido
encarcelados todavía, ya que su pena de prisión no se hará efectiva
hasta que se dicte sentencia firme, una vez agotados todos los recursos,
entre estos el recurso de casación interpuesto por sus abogados el 22
de abril de 2024.
Wilmer Otoniel y Orlando Rodas han
sido acosados judicialmente desde el 2018 por parte del Ministerio
Público debido a su labor de defensa del Río Grande de Reitoca ante el
establecimiento del proyecto hidroeléctrico “Petacón” de la empresa
Progelsa, la cual cuenta con financiamiento del holding italiano
Sorgent.E S.R.L., que a la vez es financiado por el Fondo Noruego de
Inversión en Países en vías de Desarrollo (Norfund).
En 2011, la Secretaría de recursos
naturales y ambiente otorgó a la empresa Progelsa una licencia ambiental
con permiso de operación por un período de 50 años, y en octubre de
2015, el Congreso Nacional de Honduras, le otorgó dos contratos a partir
de los decretos 73-2016 y 74-2016.
En 2016, la empresa Progelsa inició
la construcción del proyecto hidroeléctrico sin contar con el
consentimiento de las comunidades afectadas, aun cuando éstas cuentas
con títulos de propiedad sobre los territorios afectados que datan de la
época colonial. Frente a los primeros daños ambientales que observaban,
como la contaminación del Río Grande de Reitoca, el pueblo indígena
lenca comenzó a organizarse para defender su territorio y realizar
protestas pacíficas, sin embargo, se enfrentaron a actos de represión,
inclusive hostigamiento judicial, y violencia por parte de autoridades
del Estado y agentes de seguridad de la empresa. A pesar de las
constantes denuncias por parte del Consejo Indígena Lenca de Reitoca
ante autoridades estatales, señalando la falta de consulta y actos
fraudulentos relativos al proyecto, las autoridades han ignorado sus
demandas y al contrario los y las integrantes del Consejo han sido
criminalizados.
Uno de estos actos de represión se
llevó a cabo el 15 de enero de 2018, cuando miembros del Consejo
Indígena Lenca, incluidos Wilmer Otoniel y Orlando Rodas, realizaron un
bloqueo pacífico de carretera que conduce de Reitoca al plantel de la
empresa Progelsa, como acto de defensa de su territorio. Por esta
acción, fueron violentados por las fuerzas militares, quienes con uso
excesivo de la fuerza y total abuso de autoridad, llegaron a disolver la
manifestación, usando armas de fuego y resultando en varias personas
heridas por disparos de los agentes militares. Según informes militares
obtenidos por la Fiscalía de Etnias en un proceso de investigación,
desde esa fecha hasta octubre de 2018, la policía militar custodió las
instalaciones de la empresa, por lo que resulta extraño que ese mismo
día, se reportaron incendios en el campamento de trabajo y la planta de
Progelsa, cuyo origen no ha sido esclarecido.
Por los hechos del 15 de enero de
2018, la Fiscalía Especial de Etnias presentó una acusación por abuso de
autoridad contra un agente militar que fue el encargado del operativo
militar, y por ejercer tratos crueles y degradantes contra las personas
manifestantes. Sin embargo, el Juzgado de Letras de lo Penal de
Francisco Morazán emitió un sobreseimiento definitivo.
De manera paralela, la Fiscalía
Contra los Delitos Comunes del Ministerio Público, incumpliendo con su
deber de llevar a cabo una debida investigación, presentó un
requerimiento fiscal contra Wilmer Otoniel y Orlando Rodas por el delito
de “usurpación”, contenido en el Artículo 227 del anterior Código Penal
[Decreto 144-83], por lo que, el 31 de octubre de 2018, los defensores
enfrentaron una audiencia indagatoria ante el Juzgado de Letras de lo
Penal de Francisco Morazán.
El 13 de noviembre de 2018, en
audiencia inicial, el Ministerio Público y la acusación privada buscaron
ampliar la acusación en contra de los defensores, para incluir los
delitos de “daños agravados” (Articulo 255 del anterior Código Penal) y
“hurto” (Artículo 223 del mismo Código). Sin embargo, en audiencia del
23 de noviembre de 2018, el Juez de Letras de lo Penal de Francisco
Morazán dictó sobreseimiento provisional por los delitos de “usurpación”
y “daños agravados” y un sobreseimiento definitivo por el delito de
“hurto". El Ministerio Público y la acusación privada en el proceso
apelaron este fallo.
El 30 de enero de 2019, en una rueda de prensa
la empresa hidroeléctrica y la Asociación Hondureña de Energías
Renovables culparon públicamente a “grupos irregulares” de Lepateríque y
Reitoca de ser responsables de daños y robos en las instalaciones de la
empresa por valor de más de 2,8 millones de dólares (aproximadamente
2,6 millones de euros).
El 25 de febrero de 2019, la Corte
de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán revirtió los
sobreseimientos provisionales y dictó autos de procesamiento contra
ambos defensores por los delitos de “usurpación” y “daños agravados”.
El 21 de octubre de 2019, se celebró
la audiencia preliminar en el Juzgado de Letras de lo Penal de
Francisco Morazán. El Ministerio Público y la acusación privada
formalizaron la acusación por los delitos de “usurpación” y “daños
agravados”. El 22 de octubre de 2019, el Juzgado de Letras de lo Penal
emitió el auto de apertura a juicio oral y público por ambos delitos.
El 23 de octubre de 2023, tras
cuatro años de espera, dio inicio el juicio oral y público en la Sala
Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. En este juicio los
acusados se defendieron de la acusación formalizada por el Ministerio
Público y establecido en el auto de apertura a juicio, lo cual se
mantuvo en la etapa de conclusiones por parte del ente acusador público y
privado. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia al emitir el fallo, el 8
de noviembre de 2023, estableció que no existían los delitos de
“usurpación” y “daños agravados” pero que condenaba a ambos acusados por
el delito de “perturbación de un derecho real” (Artículo 229 del
anterior Código Penal [Decreto 144-83] bajo la regla del artículo 337 del Código Procesal).
La defensa de ambos defensores
señaló que, con la emisión del fallo condenatorio, el Tribunal incurrió
en “prevaricato” (Artículo 516 del Código Penal), dado que los condenó
por tipo penal diferente a los que inicialmente se les acusaba. El
Ministerio Público no pudo acreditar conducta delictiva por ninguno de
estos delitos, pues lo que ambos acusados realizaron junto al pueblo de
Reitoca fue un campamento de control territorial en los límites del
Municipio de Reitoca y Lepaterique, manifestándose pacíficamente contra
la imposición del proyecto hidroeléctrico.
Tras la condena, el 27 de noviembre
de 2023, miembros del Consejo Indígena Lenca de Reitoca presentaron una
denuncia ante la Fiscalía Especial de Etnias contra Tribunal de
Sentencia de Tegucigalpa por el delito de “prevaricato judicial” por su
actuar arbitrario, y por la vulneración del derecho de Wilmer Otoniel y
Orlando Rodas a la defensa durante el juicio oral y público. Al momento
de la publicación de este Llamado Urgente, este proceso continua en
investigación.
El Observatorio destaca que ambos
defensores fueron sujetos a medidas sustitutivas a la prisión,
consistentes en la firma mensual de un acta en los juzgados de
Tegucigalpa, desde la audiencia de imputados hasta que hubo
sobreseimiento en la audiencia inicial. Tras la revocación del
sobreseimiento por la Corte de Apelaciones, se impusieron de nuevo las
medidas. Al momento de la publicación de este Llamado Urgente, estas
medidas se mantienen vigentes, hecho que ha provocado un deterioro en la
salud psicológica de ambos defensores y ha supuesto un alto coste
económico para ellos y sus familias.
El 14 de diciembre de 2023, tras
conocer el fallo del Tribunal, en una audiencia de individualización de
la pena, el Ministerio Público y la acusación privada argumentaron la
existencia de agravantes y pidieron la pena máxima de un año para ambos
defensores. Los supuestos agravantes, serían “alevosía”, “haber cometido
el delito en cuadrilla” y “haber cometido el delito mediante
rompimiento de techo o pared”. Finalmente, el 18 de marzo de 2024, estas
agravantes fueron desestimadas.
El Observatorio rechaza la condena y
la criminalización de los defensores indígenas lencas Wilmer Otoniel y
Orlando Rodas, que parecen ser represalias por su legítima labor en
defensa del Río Grande de Reitoca y del territorio del pueblo indígena
lenca de Reitoca.
El Observatorio urge a las
autoridades de Honduras a absolver a Wilmer Otoniel y Orlando Rodas de
todo cargo, a garantizar su derecho al debido proceso y a poner fin de
inmediato a todo acto de hostigamiento - incluido a nivel judicial - en
su contra, así como del resto de personas defensoras indígenas del
pueblo lenca que enfrentan distintos cargos penales.
Finalmente, el Observatorio urge a
las autoridades hondureñas a cumplir con sus obligaciones
internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas e
implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
garantizando el derecho a la consulta y el respeto integral de los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Honduras,
particularmente frente proyectos que tengan un impacto directo en sus
comunidades, territorios y el medio ambiente que habitan.
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