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El Observatorio ha recibido información
sobre el avance en la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización,
Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No
Gubernamentales y Afines, el cual representa una enorme amenaza para el
trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en
Venezuela, y que hace parte de una serie de disposiciones sistemáticas que el gobierno venezolano ha adoptado en la última década para restringir el ejercicio de sus derechos, que además de marcos normativos de carácter restrictivo, también se ha caracterizado por el hostigamiento; acoso judicial y campañas de difamación contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El 9 de enero de 2024, el Presidente
de la Asamblea Nacional, el Sr. Jorge Rodríguez anunció la celebración
de una consulta pública para la discusión del contenido del proyecto de
ley, con el objetivo de posteriormente llevar a cabo su aprobación
definitiva. De ahí, que el pasado 12 de enero de 2024, la consulta
tuviera lugar, contando con la participación de distintos sectores,
siendo minoritaria la representación de la sociedad civil e inclusive
contando con la presencia de miembros de las fuerzas armadas, tales como
agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), entre
otros órganos militares y policiales que han sido señalados
ampliamente por mecanismos de Naciones Unidas como presuntos
responsables de graves violaciones de derechos humanos y presuntos
crímenes de lesa humanidad en el país.
La explicación de motivos
por parte de los diputados, el Sr. Julio García Zerpa, el Sr. Pedro
Infante, el Viceministro de Política Antibloqueo de Venezuela, el Sr.
William Castillo y la diputada América Pérez; resultó en un acto de
descalificación a la labor de las OSC. Se promovió una narrativa de
estigmatización contra las organizaciones, al cuestionar su naturaleza,
las finalidades de su labor y poniendo especial atención al origen de
sus fuentes y medios de subsistencia financiera. El Sr. García señaló
que este proyecto de ley es necesario dado que “organizaciones […]
reciben dinero de dudosa procedencia […], no se rinde cuenta sobre ello,
[no se sabe] de dónde vienen y en qué se está utilizando”.
De igual manera, se equiparó la
labor de las OSC con el de otro tipo de actores, tales como los entes
del sector privado e inclusive de negocios; argumentando que si en este
sector el Estado tiene un amplio poder de fiscalización y regularización
también tendría que hacerlo con la sociedad civil. Hecho que
invisibiliza y desconoce la naturaleza de las OSC, particularmente, las
dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. El
Observatorio recuerda
que este proyecto de ley fue presentado por primera vez a discusión el
24 de enero de 2023; y que en menos de una hora la iniciativa se aprobó,
sin que se considerase la exposición de motivos ni se discutiera el
articulado, como exige la Constitución venezolana.
Asimismo, resulta preocupante que de
manera reiterada, desde la Asamblea Nacional se señalen y criminalicen
públicamente a las OSC; mencionando nombres e inclusive enseñando fotos
de los logos y los rostros de las y los integrantes de estas
organizaciones, en esta ocasión fue el diputado, el Sr. Infante, quien
durante la consulta pública señaló a distintas organizaciones,
incluyendo a PROVEA
organización miembro de la FIDH, como parte de un grupo de al menos 63
organizaciones que el gobierno señala como vinculadas a partidos
políticos. Anteriormente, el diputado Diosdano Cabello había realizado señalamientos similares cuando presentó por primera vez la propuesta del proyecto de ley.
A través de este proyecto de ley se
pretende aislar aún más a la sociedad civil venezolana, al presentarse
como un asunto de “interés nacional”. De hecho, en el marco del proceso
de aprobación de este proyecto, se promuevan posiciones y narrativas que
descalifican los actos de solidaridad internacional, sobre las
preocupaciones que existen alrededor de la aprobación de esta
iniciativa; e inclusive se pone en duda los criterios y diagnósticos que desde la comunidad internacional se han realizado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
El Observatorio recuerda,
que estas “leyes de agentes extranjeros” han sido utilizadas en países
como Rusia, Nicaragua o Etiopía para paralizar la labor de las OSC,
limitar sus acciones, desacreditarlas y privarlas de recursos. Estas
iniciativas legislativas son sintomáticas de la creciente hostilidad
hacia la sociedad civil, en un contexto generalizado de intimidación,
acoso, represalias, hostigamiento, así como las limitaciones
operacionales que afectan en la actualidad a las organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos.
El Observatorio reitera su rechazo a
la aprobación de este proyecto de ley que restringe gravemente el
derecho a la libertad de asociación en el país; y urge a los diputados
de la Asamblea Nacional rechazar el proyecto de ley en segunda
discusión. Asimismo, el Observatorio vuelve a hacer un llamado a la
comunidad internacional solicitando su solidaridad con las personas y
organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, ante este
contexto de socavamiento del espacio cívico y por los distintos actos de
hostigamiento en contra de la sociedad civil.
Finalmente, el Observatorio urge a
las autoridades venezolanas a poner fin de forma inmediata a todos los
ataques, actos de criminalización, hostigamiento, incluido el judicial, y
desprestigio en contra de las organizaciones de la sociedad civil, y a
cumplir con sus obligaciones internacionales en la garantía del derecho a
la libertad de asociación.
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