El Observatorio ha recibido información sobre el asesinato de los Sres. Aly Domínguez y Jairo Bonilla,
ambos miembros de la comunidad de Guapinol, y defensores de los ríos
Guapinol y San Pedro y del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Aly
Domínguez era el hermano de Reynaldo Domínguez; ambos fueron sujetos a hostigamiento judicial por defender el medioambiente en la comunidad de Guapinol.
El 7 de enero de 2023, por la tarde,
individuos armados asesinaron con armas de fuego a Aly Domínguez y
Jairo Bonilla mientras viajaban en motocicleta desde la aldea La
Concepción hasta la comunidad de Guapinol, ambos emplazamientos ubicados
en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. En el momento de
publicación de este Llamado Urgente, se desconoce la identidad de los
autores de este doble asesinato.
El 8 de enero de 2023, en un comunicado,
la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras (SEDH) solicitó a la
Fiscalía del Estado llevar a cabo una investigación inmediata entorno al
asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, e informó sobre la orden
emitida a la Dirección General del Sistema de Protección para revisar y
ampliar las medidas de protección otorgadas a las personas defensoras de
Guapinol y a sus familias. En el comunicado, la SEDH indicó que estos
asesinatos se dieron en el contexto de una campaña de hostigamiento,
amenazas, criminalización y atentados contra quienes defienden el
derecho a defender derechos humanos y un medioambiente sano.
Sin embargo, el 10 de enero de 2023, en declaraciones a medios de comunicación,
la Policía Nacional de Honduras informó que, según sus investigaciones,
el móvil del doble asesinato habría sido un robo, descartando la
hipótesis de que el homicidio de los Sres. Domínguez y Bonilla fuera una
represalia por su labor en defensa de los derechos humanos.
El mismo día, la SEDH publicó un nuevo comunicado
en el que informaba que Aly Domínguez y Jairo Bonilla no eran
beneficiarios de medidas de protección del Mecanismo Nacional de
Protección a Defensores de Derechos Humanos en el momento de su
asesinato, dado que, según la SEDH, se habían retirado de la lista de
personas defensoras de la comunidad de Guapinol beneficiarias de medidas
colectivas.
Desde inicios de diciembre de 2022, el conjunto de defensores de la comunidad de Guapinol han sido sometidos a campañas de estigmatización
en redes sociales, las cuales se han recrudecido tras los asesinatos de
Aly Domínguez y Jairo Bonilla y las declaraciones de la Policía
Nacional de Honduras.
En diciembre de 2022, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) denunció
que individuos armados que estarían vinculados a la empresa minera
Inversiones Los Pinares habrían estado siguiendo y vigilando a algunos
de sus miembros a bordo de vehículos sin matrícula en las comunidades de
Guapinol y Sector San Pedro y habrían amenazado de muerte a miembros
del CMDBCPT señalando que los “eliminar[ían] uno por uno ya que no los
dejan trabajar tranquilos”. A pesar de las múltiples denuncias públicas,
las autoridades, incluida la SEDH, no reforzaron ni ampliaron las
medidas de protección para el conjunto de personas defensoras de
Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigación en
torno a las amenazas arriba mencionadas.
El Observatorio recuerda que las
personas defensoras del medioambiente de Guapinol y las y los miembros
del CMDBCPT han sido objeto de criminalización, ataques, estigmatización
y detención arbitraria durante años, incluyendo el encarcelamiento arbitrario de ocho defensores de Guapinol durante más de 900 días.
El Observatorio condena
enérgicamente el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, y reitera
su máxima preocupación por la seguridad y la integridad física y
psicológica de las personas defensoras del medioambiente de la comunidad
de Guapinol y sus familias, incluyendo a las y los miembros del
CMDBCPT.
El Observatorio condena asimismo la
estigmatización en redes sociales contra el conjunto de defensores de
Guapinol y recuerda que no es la primera vez que este tipo de campañas,
seguidas de amenazas de muerte contra los defensores del río Guapinol
desembocan en asesinatos: Arnold Joaquín Morazán Erazo fue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.
El Observatorio expresa grave
preocupación por las declaraciones de la SEDH, en las que se exculpa de
la responsabilidad que tenía el Estado de proteger la vida de los
defensores Aly Domínguez y Jairo Bonilla, alegando que no eran
beneficiarios de medidas de protección.
El Observatorio urge a las
autoridades hondureñas a adoptar las medidas necesarias para garantizar
la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas
defensoras de los derechos humanos de Guapinol y sus familias, reforzar
las medidas de protección ya vigentes, e investigar de manera
independiente e imparcial los asesinatos de Aly Domínguez y Jairo
Bonilla, priorizando la hipótesis de que fue una represalia por su
defensa de los derechos humanos.
El Observatorio reitera su llamado a
las autoridades a implementar una política pública integral de
protección a las personas defensoras de derechos humanos y comunicadores
sociales, así como a dotar de los recursos humanos y materiales
necesarios al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos,
con el fin de garantizar su efectivo funcionamiento.
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