Ginebra-París, 15 de mayo de 2023 – El
Juez de Enjuiciamiento de la tercera región del distrito judicial de
Ocosingo dictó sentencia condenatoria contra los defensores José Luis
Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, el pasado 3 de mayo.
ACAT-Francia y el Observatorio (OMCT-FIDH) lamentan esta decisión y
exigen a las autoridades de Chiapas que pongan fin a la criminalización
de quienes defienden la tierra y el territorio del pueblo maya tseltal
de Chilón.
El 15 de octubre de 2020, la
comunidad maya tseltal de Bachajón, en el municipio de Chilón, estado de
Chiapas, convocó a una movilización pacífica contra la instalación de
un cuartel de la Guardia Nacional en territorio indígena. La decisión de
construir el cuartel se tomó sin consultar de forma libre, previa,
informada y culturalmente adecuada a los pueblos indígenas afectados, lo
que supone una violación de las normas regionales e internacionales de
derechos humanos de los pueblos indígenas.
Las autoridades reprimieron la manifestación
haciendo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Una operación en
la que participaron unos 300 agentes de la policía estatal y municipal y
de la Guardia Nacional dejando un saldo de 13 personas heridas, así
como amenazas e intimidación en contra de las personas manifestantes. En
este contexto, los defensores comunitarios José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano fueron detenidos arbitrariamente durante 15 dias, torturados en el momento de la aprehensión y acusados del delito de “motín”.
El 24 de abril de 2023 comenzó el
juicio oral contra José Luis y César. Durante las distintas audiencias
quedó evidenciada la insuficiencia de pruebas sólidas por parte de la
Fiscalía que respaldaran la acusación de “motín” contra ellos. Sin
embargo, ambos defensores fueron encontrados culpables
por este delito y recibieron una sentencia de dos años de prisión, la
cual finalmente fue sustituida por una multa que asciende a los 350
Euros conforme a la legislación penal del Estado. Es decir, el juez
reconoció un grado de culpabilidad mínimo de los imputados y les
permitió continuar en libertad, pero sin reconocer la inocencia de los
defensores.
El Observatorio y ACAT-Francia
lamentan la decisión del Juez Agustín López Martínez de dictar una
sentencia que criminaliza una vez más la defensa de la tierra y el
territorio de los pueblos indígenas en México a través de la aplicación
abusiva del delito de “motín”, establecido en el artículo 353 del Código
Penal de Chiapas. El delito de “motín”, constituye una figura penal
ambigua, cuya interpretación del Juez en este caso no solo resultó
acotada, sesgada y descontextualizada de los hechos, sino que además,
abre el campo al arbitrio de la autoridad y termina socavando el
ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión y de
libre asociación.
Por lo anterior, nuestras
organizaciones instan a las autoridades del estado de Chiapas a dejar de
aplicar tipos penales que convierten en actos criminales conductas
comúnmente observadas en protestas, a cesar la manipulación del
derecho penal para detener arbitrariamente e iniciar acciones penales
sin fundamento a personas que participan, convocan u organizan
manifestaciones públicas, así como a tomar las medidas necesarias para
garantizar que las y los defensores de la tierra y el territorio de
Chiapas puedan ejercer su derecho a defender los derechos humanos
libremente y en un clima favorable.
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