El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido en simple como Acuerdo de Escazú, es un tratado regional que ha sido fuertemente debatido, criticado y respaldado en los últimos años.
Y es que en la región más peligrosa del mundo para ser defensor ambiental, es inevitable que hablemos y resaltemos la importancia de un acuerdo latinocaribeño que se sustenta sobre la transparencia, participación y acceso a la justicia en temas ambientales.
¿Por qué hablar hoy de Escazú? Porque las problemáticas ambientales no se resuelven de la noche a la mañana. Y tal como el Acuerdo de París, los instrumentos establecidos para hacerle frente necesitan seguimiento, monitoreo, cobertura y mucha acción.
En el último mes, el Acuerdo sufrió tres golpes sensibles. El Congreso de Costa Rica, país que lideró las discusiones del tratado, decidió archivar definitivamente la discusión por la ratificación. El país centroamericano suele estar a la vanguardia mundial de la protección del medio ambiente, pero no ha logrado ratificar aún un acuerdo que nació bajo su alero y que incluso tomó el nombre de la provincia costarricense donde se firmó en 2018.
Si bien lo que decidió el Congreso no es necesariamente la última palabra, se necesita que el Ejecutivo lo apoye para que retorne la discusión. Irene Murillo, representante del público ante el Acuerdo, cree que “hay que mirar la situación con perspectiva”, pensando en que Chile, otro país que lideró la elaboración del tratado, estuvo años sin ratificarlo por decisión del entonces gobierno de Sebastián Piñera. Apenas asumió la nueva administración de Gabriel Boric, el país se sumó a Escazú.
El segundo golpe vino desde el Caribe. El pasado 25 de enero, el Tribunal Constitucional de República Dominicana decidió catalogar de inconstitucional el Acuerdo de Escazú, sepultando su debate en el país. En opinión de los juristas, el tratado vulnera la soberanía dominicana en temas de acceso a información pública. Para Murillo, “es preocupante porque la resolución no tiene una apelación, aunque hay grupos jurídicos trabajando en el tema en este momento y lamentablemente la resolución la verdad es que tiene una justificación muy pobre, entre otras cosas aduciendo el tema de la soberanía”.
Finalmente, las dudas expresadas por Costa Rica provocaron que el gobierno de Belice anunciara hace unos días la postergación de la ratificación de Escazú, condicionando su decisión a la postura que asuma su par costarricense.
Sin embargo, pese a que la coyuntura de ciertos países pueda jugarle en contra, lo cierto es que el Acuerdo de Escazú continúa avanzando. Ya son 13 países que son Estados partes y participarán de la COP extraordinaria que se realizará entre el 19 y 21 de abril en Buenos Aires, Argentina, donde los países decidirán sobre los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento.
Este órgano fue precisamente una de las resoluciones de la COP1 de 2022 y será clave para la aplicación efectiva de Escazú.
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