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En los últimos años, la evolución de las políticas, los cambios geopolíticos y el descenso de los costos han contribuido a la expansión de las energías renovables en todo el mundo. Sin ir más lejos, hubo un crecimiento récord de las energías renovables en 2023, y en cumbres como la COP28 se asumieron compromisos como triplicar la capacidad de las energías renovables y duplicar la eficiencia energética al 2030.
América Latina ha logrado avances significativos en la adopción de energías limpias, pero persisten desafíos estructurales que deben abordarse para garantizar una transición energética efectiva que permita amortiguar la crisis climática.
Como advierte el informe Global Electricity Review 2024 de Ember, el avance de la descarbonización del sector eléctrico a nivel mundial es incierto y enfrenta grandes desafíos. De partida, muchos países en desarrollo – como los de América Latina – necesitan apoyo financiero para los proyectos de energía renovable. Pero no sirve del todo implementar estas fuentes si no se impulsan, a su vez, la infraestructura y las tecnologías que habilitan las energías renovables.
“La transición energética involucra una importante electrificación de la demanda, para permitir la sustitución de fuentes fósiles por fuentes renovables y la descarbonización de nuestros sistemas energéticos. En término de potencial, nuestros sistemas tendrían la capacidad de ser 100% renovables. Pero eso requiere inversión en nueva infraestructura, la incorporación de nuevas tecnologías, integración regional y coordinación de políticas”, destaca Alfonso Blanco, director del programa de Transición Energética y Clima del Inter-American Dialogue, y exdirector ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).
Efectivamente, cuando hablamos de mitigación del cambio climático y transición energética es necesario poner ojo en la infraestructura energética – como las líneas de transmisión y distribución - que permite transportar la energía que consumimos a diario.
Blanco explica que “la disponibilidad de los recursos renovables se encuentra generalmente alejado de los centros de demanda, lo que requiere disponer de más y mejores redes de transmisión. Además, una mayor electrificación y el advenimiento de tecnologías que sustituyen a los combustibles fósiles en usos finales, como el transporte, estresa las redes de transporte y distribución. La infraestructura existente se enfrenta a una situación de estrés que implica una oferta concentrada fuera de los centros de demanda y una demanda que aumenta y, además, requiere mejores prestaciones del servicio eléctrico. Muchos países han transitado el estrés en los sistemas de una oferta alejada de los centros de demanda y redes que no permiten llegar con esa energía a los centros de consumo”.
Además, la mejora y expansión de la infraestructura de transmisión y distribución para respaldar fuentes como la eólica y solar está rezagada con respecto a la implementación de estas fuentes renovables no convencionales. Recordemos que las energías solar y eólica dependen de la radiación solar y el viento, respectivamente, por lo que no se ajustan a la demanda energética (por ejemplo, necesitamos más electricidad en la noche, cuando ya no hay radiación solar). La variabilidad e intermitencia de estas fuentes hace que también se requieran sistemas de almacenamiento, que “guardan” la energía, en un periodo determinado de tiempo, para que pueda ser utilizada en otra ocasión. Hoy, la falta de almacenamiento obstaculiza la transición, ya que sin sistemas adecuados para almacenar el excedente de energía generada en momentos pico, se corre el riesgo de desperdiciar energía valiosa y comprometer la estabilidad de la red.
Un ejemplo claro es Chile. Como les contamos en la edición pasada, el país sudamericano ha avanzado significativamente en la implementación de fuentes como la solar y eólica, pero experimenta enormes niveles de vertimiento (pérdida) de energía renovable que no se pudo inyectar al sistema, porque la capacidad de transmisión y de almacenamiento no ha avanzado con la misma rapidez de las renovables no convencionales. Similar ha pasado en países como México, donde la demanda energética creciente y las deficiencias estructurales de la red amenazan con frenar el avance de la energía eólica.
Por lo mismo, organismos como IRENA señalan que es “imperativo acelerar las inversiones en infraestructuras y en el funcionamiento de los sistemas energéticos”.
Para el director del programa de Transición Energética y Clima del Inter-American Dialogue, existen posibilidades y soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia de los sistemas eléctricos en América Latina, mejorando la infraestructura existente y modernizando y aplicando tecnologías que permitan una mejor gestión.
“Sin embargo, el avance en tal sentido es aún lento en nuestra región. Esto debido a que la inversión necesaria para el fortalecimiento y mejora de las redes de transporte y distribución es elevada y los mecanismos de financiamiento de estas inversiones presentan importantes barreras. Esas barreras son diferentes en cada país y dependen del marco regulatorio aplicable, propiedad y gestión de los activos, condiciones de acceso a financiamiento para obras de infraestructura del sector público y privado”, agrega Blanco.
América Latina unida e interconectada
América Latina es grande y diversa. Como tal, no solo posee un potencial enorme para las energías renovables, sino también condiciones y complementariedades geográficas que permiten el intercambio de energía renovable entre países, donde aquellos con excedentes pueden suplir las necesidades de los que enfrentan déficits.
Por ello, otro aspecto interesante es la integración de redes eléctricas en la región, que busca promover la seguridad energética, un mayor aprovechamiento de bienes renovables complementarios, mejores precios y mayor resiliencia de los sistemas eléctricos.
Blanco precisa que “a medida que se incorpora una mayor cantidad de fuentes de energía intermitente en los sistemas eléctricos (fundamentalmente solar y eólica) se requiere disponer de una mayor complementariedad. En tal sentido, la interconexión eléctrica pasa a ser una necesidad para aportar robustez a los sistemas y asegurar una mayor renovabilidad. Existen importantes barreras en términos de interconexión eléctrica y mercados eléctricos más integrados. Esas barreras son de infraestructura, pero también aplican aspectos de planificación, gestión de sistemas y la convergencia de los marcos regulatorios aplicables para maximizar y posibilitar un mercado dinámico entre fronteras”.
El experto añade que una región interconectada requiere mejorar y disponer de nuevas interconexiones, considerando casos como Colombia-Panamá, Chile-Perú y Perú – Ecuador, y ampliar la capacidad y puntos de interconexión existentes como es el caso de Argentina – Chile.
En esa línea, se han gestado iniciativas como el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), que busca avanzar en la ejecución de la interconexión eléctrica entre Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, con el objetivo de desarrollar un Corredor Eléctrico Andino, mediante la construcción de la infraestructura necesaria para la interconexión eléctrica regional, y la creación de un marco regulatorio que facilite los intercambios y transacciones de energía eléctrica.
Además, como destaca un documento de OLADE publicado en octubre de 2024, la integración energética en América del Sur tendría resultados positivos en términos de costos, seguridad energética y descarbonización, pero “esta voluntad no se ha materializado en acciones suficientes que permitan dar un salto significativo en la integración”. A nivel del Cono Sur, solo se avanzó en dos proyectos de interconexión en la última década: la conversora de frecuencia Uruguay-Brasil y la interconexión Argentina-Bolivia. En la Región Andina se anunció la construcción de la interconexión entre Ecuador y Perú que abrirá las puertas al Mercado Andino Eléctrico Regional (MAER) que podría incorporar en el futuro a Bolivia y Chile.
“La integración regional es algo que se viene trabajando en el marco de distintas plataformas de diálogo e integración, pero es necesario demostrar los beneficios y cuánto apoya una mayor integración a las estrategias de descarbonización y una mayor renovabilidad. Existe un gran desafío referente a agilizar los procesos de integración, una mayor alineación en las políticas de integración entre los países y una mayor coordinación en temas de planificación y gestión de sistemas. Aspectos que la región aún no termina de resolver”, sostiene Blanco.
Infraestructura con justicia
Aunque los costos de infraestructura para una transición energética rápida son significativos, y su expansión y mejora pueden derivar en aumento de tarifas, según informe de la IEA, probablemente se verán compensados con creces por los costos energéticos más bajos, permitiendo un ahorro neto global de muchos billones de dólares.
Así lo estima un estudio, publicado en Cell, que hace proyecciones en tres escenarios (“transición rápida” hacia el abandono de los combustibles fósiles al 2050; “transición lenta” con el abandono de los fósiles al 2070; y “sin transición” donde los combustibles fósiles continúen dominando el sistema energético). Allí explican que el mayor costo de infraestructura corresponde a la mejora de la capacidad de la red, y que la transición rápida es más barata que la lenta ya que un despliegue más veloz aumenta la probabilidad de un progreso acelerado en las tecnologías verdes, de modo que el ahorro se acumularía durante más tiempo.
Esto es crítico para los países de América Latina, que requieren de mucho financiamiento para las energías renovables y las obras y tecnologías que las habilitan.
Pero no podemos olvidar la dimensión social en este asunto. La cantidad y escala de proyectos renovables, junto a iniciativas asociadas de infraestructura energética, han generado conflictos socioambientales. Por ejemplo, la mega-línea de transmisión Kimal – Lo Aguirre contempla el establecimiento de más de 2.500 torres de alta tensión en más de 1.350 kilómetros en Chile, lo que ha generado cuestionamientos en comunidades que viven en diferentes puntos de su trazado.
Por ello es crucial una transición justa que fomente la democracia socioambiental y que distribuya de la forma más equitativa posible las cargas, costos y beneficios de este proceso de descarbonización. Las comunidades son claves como agentes de cambio, como lo demuestra, por ejemplo, la acción de comunidades indígenas en Brasil que ha permitido reducir el impacto ambiental de las obras de la línea de transmisión Tucuruí.
En definitiva, para que América Latina alcance una matriz eléctrica 100% renovable, es imperativo abordar las limitaciones actuales en la infraestructura, fomentar la integración regional y garantizar que la transición sea justa y equitativa para todas las comunidades involucradas. Para ello se necesita voluntad, gobernanza, tecnología y dinero. En el próximo boletín nos centraremos en lo último, es decir, en el (aún insuficiente) financiamiento para la transición.
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