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27 de septiembre de 2024 - El 2 de marzo de 2016, Berta
Cáceres, defensora de los derechos medioambientales e indígenas,
fue asesinada por hombres armados. Aunque ocho hombres fueron
declarados culpables de su asesinato en 2018 y 2021, sus
sentencias aún no son firmes y continúa la impunidad, agravando
los peligros para todos los demás defensores de derechos humanos
en el país. Las organizaciones que conforman la Misión de Observación Calificada, entre ellas el Observatorio (FIDH-OMCT), urgen a las autoridades
que impartan justicia efectiva y garanticen la firmeza de las
condenas.
La Misión de
Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres advierte que la
ausencia de sentencias firmes para los condenados por el asesinato de
la activista y defensora de los derechos del Pueblo Lenca, Berta
Cáceres, así como el fracaso del Estado hondureño en sancionar
efectivamente a todos los autores intelectuales de este horrendo
crimen, ha permitido que la violencia contra otros defensores
continúe sin cesar en los ocho años transcurridos desde su trágico
asesinato. En este sentido, lamentamos que el 14 de septiembre de
2024, el defensor Juan López fue asesinado en Tocoa, Colón, en
el marco de su labor en la defensa del Parque Nacional Carlos
Escaleras Mejía y los ríos
Guapinol y San Pedro, frente a un megaproyecto promovido por
Emco Holdings y sus asociados.
En 2020, Berta Cáceres
y los Defensores del Río Guapinol fueron nombrados conjuntamente
finalistas para el Premio
Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento de la Unión
Europea, en reconocimiento a la incansable defensa de la tierra, los
ríos y el territorio y en contra de los megaproyectos
extractivistas. Las similitudes en los casos de Berta Cáceres y Juan
López son notables; ambos fueron beneficiarios de medidas cautelares
dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
reconoció la amenaza inminente que enfrentaban por su defensa de los
derechos humanos y los bienes comunes; estas
medidas no fueron cumplidas en debida forma para protección efectiva
a ninguno de los dos defensores. Tanto Berta como Juan fueron
víctimas de criminalización por parte del Ministerio Público que
utilizó cargos para neutralizar su liderazgo; ambos fueron blanco de
amenazas y campañas para estigmatizar su legítima labor en defensa
de los derechos humanos que no fueron efectivamente investigadas ni
sancionadas; esta impunidad permitió que las campañas continuaran
hasta el momento de sus viles asesinatos.
Como organizaciones que
hemos acompañado los procesos
judiciales en la Causa Berta Cáceres por más de seis años, hemos
alertado a las autoridades hondureñas sobre la necesidad de
confirmar
las sentencias, investigar
todos los delitos relacionados con el asesinato de
Berta Cáceres y garantizar
justicia en este caso para asegurar su no repetición.
Las pruebas evacuadas
en los procesos judiciales por el asesinato de Berta Cáceres
muestran claramente múltiples crímenes alrededor del atroz y aún
impune crimen. Entre ellos figura la posible colusión entre
funcionarios del Estado, fuerzas de
seguridad del Estado, operadores de justicia y ejecutivos de
la empresa DESA en una estructura criminal para neutralizar y
reprimir la legítima lucha de Berta Cáceres como coordinadora
general del COPINH; crímenes que no han sido investigados ni
sancionados.
Esta deuda histórica
del Estado hondureño con la Causa Berta Cáceres, hoy se suma a la
deuda de justicia por el asesinato de Juan López y otros defensores
y defensoras que enfrentan riesgo en el país por su defensa del
territorio y los
bienes comunes.
Hacemos un nuevo
llamado al Poder Judicial de
Honduras para que cumpla de inmediato con sus obligaciones
nacionales e internacionales de impartir justicia efectiva y confirme
las sentencias de David Castillo, Sergio Rodríguez Orellana, Douglas
Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte, Henry Javier
Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres,
coautores condenados por el crimen de Berta Cáceres
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