La historia de América Latina está atravesada por al menos tres injusticias relacionadas con la crisis climática. De un lado, es la región que menos responsabilidades tiene en la emisión de carbono, pero es también una de las más afectadas por los efectos producidos por las emisiones de gases de efecto invernadero. Así lo ha mostrado el IPCC en varias publicaciones, como esta.
De otro lado, es una región de la cual se extraen minerales y combustibles fósiles que sirven para la generación de energía, pero también cuenta con altos índices de pobreza energética. Es decir, en varios de nuestros países existen poblaciones enteras que no cuentan con acceso a un servicio tan básico como la electricidad. Así lo muestra este informe de Cepal en el que se evidencia que los casos más graves están en países de Centroamérica.
Y de otro lado, en América Latina ocurre también que algunas de las soluciones que se buscan para enfrentar la crisis climática, como generar electricidad a través de fuentes renovables, trae graves perjuicios a comunidades que habitan en territorios estratégicos para, por ejemplo, la extracción de los metales indispensables para esto. Ese es el caso de Antofagasta de la Sierra, un lugar al norte de Argentina en donde se extrae litio con fuertes impactos en la comunidad. En países como Colombia, Chile y México existen casos similares con otros tipos de proyectos.
Estas y otras problemáticas asociadas a la transición energética han hecho que organizaciones sociales, personas de la academia y algunos gobiernos hagan un llamado a que este proceso se haga con justicia. Una de estas iniciativas es Transición Energética Justa Latinoamérica. De la descarbonización a la transformación, un análisis de varias organizaciones sociales que plantea algunos de los desafíos de la región para lograr una transición que no deje a nadie atrás.
El informe plantea que en el camino de dejar los combustibles fósiles, que son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, hacia la generación de energía más limpias; hay efectos que no pueden recargarse a las poblaciones que históricamente han sido más afectadas por la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión.
Esto requiere pensar en estrategias para atender a las poblaciones que dependen de la extracción de combustibles fósiles pero también en las mujeres, las comunidades indígenas, las poblaciones afrodescendientes y demás sectores sociales que han sufrido de falta de garantías para gozar de servicios energéticos de calidad.
La discusión por la justicia sigue abierta y requiere el compromiso de las instituciones de los Estados latinoamericanos, pero sobre todo demanda que los países de mayores emisiones sean responsables con los daños que ocasiona la crisis climática. De esto hablamos en el podcast Micrófono Climático, en la segunda parte del Especial “Transición energética en disputa”.
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