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Tegucigalpa, 9 de noviembre de 2023.-
más de 15 organizaciones nacionales e internacionales de derechos
humanos denuncian ante la CIDH, los retos para garantizar la protección
de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
- Entre 2019 y 2023, al menos 15 personas defensoras de derechos
humanos beneficiarias o vinculadas a medidas del Mecanismo Nacional de
Protección fueron asesinadas en Honduras.
- El Estado de Honduras reconoció las múltiples falencias del
Mecanismo y solicitó el apoyo técnico de la CIDH para avanzar en su
fortalecimiento.
El pasado martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró la audiencia
temática “Situación del Mecanismo Nacional de Protección de Personas
Defensoras, Periodistas, Comunicadores sociales y Operadores de
Justicia”
en Honduras. En este espacio, más de 15 organizaciones nacionales e
internacionales de derechos humanos denunciaron el debilitamiento
institucional que enfrenta este mecanismo y sus obstáculos para cumplir
con sus obligaciones en materia de prevención y protección de personas
defensoras.
De acuerdo con las organizaciones de
sociedad civil, el Sistema Nacional de Protección en Honduras, creado
en 2015 bajo la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y
la instalación del Mecanismo representaron una oportunidad para
responder a la situación de violencia que enfrentan las personas
defensoras en Honduras, el 5º país más mortal en el mundo para defender
derechos humanos, ejercer el periodismo independiente y combatir la
impunidad.
Sin embargo, aseguraron que la
desatención generalizada del Mecanismo, así como obstáculos políticos y
de gobernanza han impactado gravemente en la seguridad y en la vida de
quienes defienden derechos humanos en Honduras. Esto se traduce en que,
entre 2019 y 2023, al menos 15 personas defensoras de derechos humanos
beneficiarias o vinculadas a medidas del Mecanismo Nacional de
Protección fueron asesinadas en Honduras.
Al respecto, las organizaciones
denunciaron una falta de corresponsabilidad institucional y de
independencia en el quehacer del mecanismo, así como obstáculos
financieros y administrativos que se han traducido en despidos masivos
de personal; en que el Comité Técnico no sesionara desde octubre del
2022 hasta junio del 2023; y en la imposibilidad de realizar análisis de
riesgo oportunamente en los territorios y de otorgar medidas de
infraestructura, como sistemas de monitoreo o alumbrado público.
Además, personas beneficiarias del
Mecanismo indicaron que los esquemas de protección planteados carecen de
un enfoque integral, y un análisis diferenciado e interseccional, al
tiempo que el organismo carece de recursos tecnológicos suficientes, por
lo que las propuestas se reducen a la presencia policial, una medida
que, más bien, les expone a situaciones de hostigamiento o amenazas
ejercidas por los propios cuerpos policiales.
Lo planteado por sociedad civil fue
respaldado por Isabel Albaladejo, Representante de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Honduras, quien, en su intervención, reconoció una serie de falencias
del Mecanismo de Protección, identificadas a través de un diagnóstico
participativo elaborado por su oficina. La representante de OACNUDH
sostuvo que estas falencias reflejan problemas estructurales y
sistémicos “que impactan directamente en la garantía de los derechos
humanos en el país, incluyendo la seguridad, calidad de vida y labor de
las personas defensoras, principalmente defensores/as de la tierra y el
medio ambiente, así como periodistas y comunicadoras sociales de
Honduras”.
Frente a esto, el Estado de Honduras
reconoció que existen “innumerables desafíos” para el quehacer del
Mecanismo, entre otros, la asignación presupuestaria y la contratación
de personal capacitado. Al respecto, solicitó el acompañamiento técnico
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el
fortalecimiento del Mecanismo y reiteró la voluntad estatal de crear las
condiciones necesarias para el funcionamiento óptimo de este ente.
Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Estado de Honduras, entre otros a:
- Garantizar la participación activa de representantes de alto nivel y
con capacidad de toma de decisiones en el Consejo Nacional de
Protección para favorecer el involucramiento interinstitucional en la
toma de decisiones mandatado por ley.
- Adoptar un modelo de financiamiento único y estable del Sistema
Nacional de Protección que asegure recursos suficientes para cumplir con
sus obligaciones.
- Asegurar las condiciones y medios indispensables para cubrir las
necesidades operativas y materiales del Mecanismo de Protección.
- Garantizar el abastecimiento del personal capacitado y necesario
para el trabajo del Mecanismo de Protección, procurando un plan de
fortalecimiento sostenido sobre enfoque de género, interseccionalidad y
territorialidad, así como en derechos de pueblos indígenas y
afrohondureños.
- Adoptar las medidas necesarias para la instalación de un proceso de
fortalecimiento institucional, con el fin de que ésta sea una opción
real y posible para prevenir, mitigar y proteger del riesgo a quienes
defienden derechos humanos, ejercen el periodismo independiente y
combaten la impunidad en Honduras.
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